El Tribunal Constitucional (TC) comenzará este martes a examinar las solicitudes de amparo presentadas por dirigentes independentistas que impugnan la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la ley de amnistía por el delito de malversación. Los magistrados del Supremo que investigaron y juzgaron a la cúpula del procés sostienen que en este caso no se cumplen las condiciones para otorgar el perdón. Entre los recurrentes figura el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, quien enfrenta una orden de detención desde su fuga a Bélgica en 2017.
Después de que el TC respaldara el año pasado la constitucionalidad de la ley de amnistía al rechazar los recursos de inconstitucionalidad presentados mayoritariamente por el PP, la corte de garantías ahora debe pronunciarse sobre la postura de Puigdemont y de los exconsejeros de su gobierno. El punto central es la interpretación que hace el Supremo para no aplicar la medida: la apreciación de que los acusados actuaron con la intención de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial durante el proceso independentista.
El análisis de estos recursos de amparo llega luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la amnistía, descartando la otra premisa que esgrimía el Supremo para negarla: que el referéndum ilegal de 2017 afectó los intereses financieros de la Unión Europea.
Como primer paso, el TC tiene previsto abordar este martes el recurso de amparo del exconsejero y actual secretario general de Junts, Jordi Turull. El ponente de este caso será el magistrado José María Macías, perteneciente al sector conservador, quien se ha mostrado contrario a amnistiar la malversación, siguiendo la línea del Supremo.
Los demás recursos de amparo, que incluyen el de Puigdemont, el del exvicepresidente Oriol Junqueras, y los de los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa, serán tratados en plenos sucesivos, según informó el TC.
El Supremo mantiene su negativa
El Constitucional vuelve así a tomar protagonismo en el debate sobre la amnistía, días después de que el Supremo rechazara la petición de Puigdemont —quien sigue procesado por no haber sido juzgado debido a su huida— para que se le aplicara la medida tras la sentencia del TJUE.
El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, tampoco aceptó levantar la orden nacional de detención contra Puigdemont. Llarena subrayó que el fallo del TJUE no resolvía el asunto del supuesto beneficio personal que él atribuye a los encausados en el proceso independentista.
Además, el juez incidió en que las sentencias del TC sobre la constitucionalidad de la amnistía no resolvieron tampoco la cuestión del beneficio personal. En sus propias palabras:
“No han dejado sin efecto la interpretación del beneficio personal realizada en esta causa, aunque tampoco constituyan una validación específica de esa interpretación.”
En cuanto a la solicitud de levantar la orden de detención nacional, Llarena señaló que se fundamentaba en el archivo, la doble persecución o la aplicación de la amnistía. Al no prosperar esos argumentos, no procedía el alzamiento de la medida por tales motivos.
La incógnita del regreso
Sin embargo, el instructor del procés en el Supremo advirtió que su negativa “no declara irrevisables las medidas ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar”, sino que “se limita a rechazar el levantamiento por las razones ahora formuladas, sin excluir el examen que proceda ante otras circunstancias concretas”, argumentó en un auto.
Fuentes del Supremo indicaron a Europa Press que Llarena agilizará su decisión sobre aplicar la amnistía a Puigdemont una vez conozca los detalles de la sentencia que el TC dicte sobre el recurso de Turull y la argumentación en torno al supuesto beneficio patrimonial asociado a la malversación.
Si el Constitucional respalda la aplicación de la amnistía a esa forma de malversación en el caso de Turull, y el criterio es extensible al resto de procesados, Llarena no esperaría a que el TC se pronuncie sobre el recurso de Puigdemont para decidir si le concede la medida, según las mismas fuentes.
El levantamiento de la orden de detención permitiría a Puigdemont regresar a España sin riesgo de ser arrestado. Desde su partido, Junts, evitan especular al respecto. El portavoz de la formación, Josep Rius, declaró en rueda de prensa:
“No participamos de estos rumores. Somos prudentes en este sentido. Queremos ver las sentencias y esperamos que sean lo más rápido posible.”
Rius reiteró el llamado a los tribunales para que apliquen “de una vez por todas” la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2024 y respaldada por la justicia europea.
Fuente: Infobae