El caso por el asesinato del futbolista de Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, y de la joven peruana Guisella Fernández entró en una nueva etapa judicial que podría ampliar el alcance de las investigaciones más allá de quienes ejecutaron el ataque armado.
La Fiscalía aceptó el pedido de la defensa de la familia Fernández para retipificar el delito de asesinato a sicariato, una decisión que implica investigar no solo a los autores materiales, sino también a posibles responsables de financiamiento, coordinación y planificación criminal.
El cambio ocurre casi cinco meses después del crimen registrado el 17 de diciembre de 2025, cuando Pineida y Fernández fueron asesinados a tiros mientras compraban en un local de carnes ubicado en la avenida Isidro Ayora, en el norte de Guayaquil.
Hasta ahora, el proceso avanzaba con tres personas llamadas a juicio. Sin embargo, las declaraciones del abogado de la familia, Tobías Guzmán Galarza, revelan que la nueva línea investigativa ya apunta a una posible estructura organizada con roles diferenciados dentro del crimen.
Fiscalía investiga financiamiento
Uno de los elementos más relevantes expuestos por Guzmán es que la nueva investigación busca identificar no solo a quienes dispararon, sino a quienes habrían organizado y financiado el ataque.
Según explicó, dentro del expediente existirían indicios de pagos para realizar seguimientos previos a las víctimas y coordinar la operación criminal.
“Se tiene que determinar la participación de la estructura, empezando por los autores intelectuales del hecho”, señaló el abogado.
USD 200 por seguimiento
Guzmán confirmó que uno de los procesados habría recibido USD 200 por seguir el vehículo en el que se movilizaba Mario Pineida y reportar información antes del ataque. Según indicó, el dinero se transfirió mediante la cuenta bancaria de otra persona también vinculada al proceso.
“Tenemos a la persona que dio el seguimiento y a la persona que prestó su cuenta para realizar el pago”, afirmó el abogado.
Sin embargo, el elemento que ahora cobra mayor relevancia es el rol del procesado Yohervi M., quien incumplió las medidas alternativas a la prisión preventiva, se fugó y actualmente tiene orden de captura y difusión roja de Interpol.
De acuerdo con Guzmán, el hoy prófugo habría sido quien coordinaba esos pagos y daba instrucciones dentro de la operación criminal. Además, aseguró que existe otra persona investigada con “el mismo grado de coautoría”, lo que podría derivar en nuevas vinculaciones penales.
Según explicó, tras verificar que Yohervi M. dejó de cumplir con las presentaciones periódicas ordenadas por la justicia, la defensa solicitó la revocatoria de las medidas cautelares. Posteriormente se dictó prisión preventiva y se suspendió parcialmente la etapa de juicio respecto al procesado prófugo.
Los autores directos siguen prófugos
Pese a que dentro de la investigación existen videos e imágenes que permitieron identificar a quienes ejecutaron directamente el ataque armado, los autores de los disparos todavía no han sido ubicados ni detenidos.
“Tenemos las imágenes de quienes fueron los autores directos, quienes dispararon”, afirmó el abogado.
Aunque Guzmán evitó dar mayores detalles debido a la reserva de la investigación previa, sostuvo que aún falta determinar quiénes financiaron y ordenaron el crimen.
Un proceso paralelo que puede ampliar el caso
Aunque el juicio principal por asesinato continuará contra los procesados actuales, la nueva investigación por sicariato avanzará de forma paralela.
Según Guzmán, la apertura de este nuevo expediente permitirá desarrollar diligencias que no pudieron profundizarse durante la instrucción fiscal inicial debido a los tiempos limitados que existen en casos de flagrancia.
La investigación ya fue trasladada a una unidad especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional.
Para la defensa, eso significa que la Fiscalía ahora podrá indagar posibles estructuras criminales, financiamiento y cadenas de coordinación detrás del crimen.
“Los juicios paralelos afectaron más a la familia”
Según la defensa, otro de los impactos que enfrentó la familia de Guisella Fernández fue la difusión de versiones que la vinculaban con supuestas actividades ilícitas, pese a que —afirman— no existe una investigación formal en su contra.
Guzmán cuestionó publicaciones que señalaban que la joven habría movilizado USD 27 millones y dijo que la familia solicitó derecho a la réplica para desmentir esa narrativa.
“Esa narrativa de volverle delincuente a una persona que no tiene derecho a la defensa porque está muerta ha sido lo que más ha afectado a la familia”, manifestó.
El abogado sostuvo además que esas publicaciones colocaron a los familiares en una situación de vulnerabilidad frente a posibles amenazas o secuestros.
El pronunciamiento surge luego de que Ecuavisa informara sobre un reporte técnico-económico elaborado por la Policía Nacional con apoyo de la UAFE, en el que se detectaron movimientos financieros por USD 27,8 millones entre 2020 y 2025.
Sin embargo, la defensa asegura que la familia desconoce investigaciones financieras o procesos judiciales abiertos contra Guisella Fernández. Guzmán señaló que Mirta Ramírez, madre de la víctima, presentó una declaración juramentada sobre los bienes de su hija fallecida y que lo registrado corresponde a inmuebles adquiridos mediante créditos que incluso todavía no terminaban de pagarse.
Lo que viene ahora
El tribunal que conocerá el juicio principal ya fue designado y deberá fijar fecha para la audiencia. La defensa advirtió que el proceso debe avanzar antes de diciembre para evitar la caducidad de la prisión preventiva de dos de los procesados.
Mientras tanto, la nueva investigación por sicariato continuará buscando algo que hasta ahora no ha sido esclarecido: quién dio la orden y quién financió el crimen de Mario Pineida y Guisella Fernández.
Radio Pichincha