La Comisión de Seguridad Integral, en sesión semipresencial, continuó recibiendo aportes para la elaboración de los respectivos informes para segundo debate de dos iniciativas: el Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública, reformatorio al Código Orgánico Integral Penal (COIP); y el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario frente a la Criminalidad Organizada y Transnacional.
Respecto al proyecto relacionado con uniformes de seguridad pública, la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas de Artículos Militares y Policiales (ACAM) manifestó su respaldo a las reformas que buscan sancionar el uso indebido de uniformes e insignias de instituciones públicas.
Pablo Vizcaíno, integrante del gremio, solicitó que en el proyecto se aclare qué institución será la encargada de autorizar y acreditar a los fabricantes y comerciantes de uniformes, a fin de que los artesanos y confeccionistas que han trabajado por años con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan continuar desarrollando su actividad de manera legal. También planteó que se regulen los procesos de contratación de uniformes a través del sistema de contratación pública.
Otra de sus integrantes, Flora Erazo, reiteró que su sector forma parte de la economía popular y solidaria, además de apoyar frecuentemente a empresas públicas como FAME, cuando estas no logran cubrir la demanda de producción.
Por su parte, Santiago Ruiz, director de la Maestría en Criminología y Política Criminal de la Universidad Técnica Particular de Loja, presentó un análisis técnico sobre el proyecto de reformas al sistema penitenciario y al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Durante su intervención, expuso varias observaciones relacionadas con la institucionalidad del sistema y la necesidad de preservar principios como el uso excepcional de la fuerza, la seguridad dinámica y los mecanismos de control dentro de los centros de rehabilitación social.
El académico observó que algunas de las reformas propuestas podrían debilitar la institucionalidad del sistema penitenciario, al modificar la estructura del ente rector y reducir los requisitos técnicos para la designación de su máxima autoridad. En ese sentido, subrayó la importancia de que la dirección del sistema penitenciario cuente con un perfil técnico y experiencia en ámbitos como criminología, gestión de crisis, rehabilitación social y derechos humanos.
Asimismo, señaló la necesidad de mantener un directorio con carácter estratégico y con la participación efectiva de instituciones del sistema de justicia, como la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, a fin de fortalecer los mecanismos de coordinación y control.
También se refirió a la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, por lo que consideró fundamental avanzar hacia reformas estructurales que permitan fortalecer la gestión penitenciaria, mejorar la rehabilitación social y modernizar la infraestructura y los sistemas de seguridad en los centros de privación de libertad.
Finalmente, la Comisión solicitó a los comparecientes que remitan sus propuestas por escrito para fortalecer el proyecto.
JC