Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha presentado ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea una propuesta para establecer un pacto que impida que los países miembros añadan requisitos y trámites “innecesarios” al momento de incorporar las normas comunitarias a sus legislaciones nacionales. La iniciativa también contempla revisar las obligaciones adicionales ya existentes. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes de que termine el año, aunque la carta fija como meta concreta la firma de una declaración conjunta antes de que concluya 2026.
“Una norma acordada a escala europea no puede volverse más compleja cuando se transpone o aplica a escala nacional”,
defendió la jefa del Ejecutivo comunitario en una misiva dirigida a los líderes de los 27 Estados miembro. En dicha carta, plantea el denominado “Pacto contra la sobrerregulación” para evitar que las exigencias adicionales impuestas por los gobiernos compliquen el cumplimiento de la legislación europea y generen disparidades entre países.
La medida se enfoca en la práctica conocida como ‘gold-plating’ o “chapado en oro”, que consiste en introducir obligaciones nacionales que van más allá de lo requerido por la UE. Esto puede incluir requisitos más estrictos, nuevos procedimientos administrativos o la ampliación de las actividades sujetas a una determinada norma.
Para limitar esta práctica, Von der Leyen propone que los Estados miembro se comprometan a identificar y justificar públicamente cualquier exigencia adicional que introduzcan, así como a explicar las consecuencias que tendría para las empresas y el funcionamiento del mercado único.
“Cuando un Estado miembro decida ir más allá de lo que exige la legislación de la Unión, esa decisión debe ser claramente visible para todos”,
señaló la presidenta. Además, sugiere que cada país establezca políticas nacionales “eficaces contra la sobrerregulación”, que incluyan desde evaluaciones de riesgos de introducir requisitos adicionales hasta la necesidad de una aprobación política expresa.
No solo se trata de evitar nuevas cargas administrativas, sino también de actuar sobre las ya existentes. Von der Leyen propone un mecanismo de “revisar y eliminar”, mediante el cual la Comisión y los gobiernos identificarían los ámbitos donde las normas nacionales imponen “cargas importantes” a las compañías u obstaculizan su actividad en otros países de la UE.
“Mediremos el éxito por la burocracia que eliminemos y por el tiempo y el dinero que ahorren las empresas”,
aseguró la conservadora alemana. Propone incorporar este seguimiento al Semestre Europeo, el procedimiento anual con el que Bruselas examina las políticas económicas de los Estados miembro y formula recomendaciones específicas para cada país.
De la misma forma, Von der Leyen defendió que la legislación europea se aplique “de la misma manera, en todas partes y desde el principio”. Advirtió que Bruselas actuará “con firmeza” cuando los requisitos nacionales vulneren el Derecho de la UE, incluso mediante procedimientos de infracción.
Acuerdo antes de que termine 2026
La iniciativa se suma a las medidas de simplificación legislativa presentadas por la Comisión, entre ellas doce paquetes ómnibus y otras propuestas con las que el Ejecutivo comunitario calcula que podrían ahorrarse 22.300 millones de euros anuales en trámites administrativos.
En su carta, la presidenta de la Comisión propone comenzar los trabajos sobre el pacto en la cumbre del Consejo Europeo de este jueves y viernes, 15 y 16 de octubre, y fijar como objetivo la firma de una declaración conjunta entre los Estados miembro y las instituciones comunitarias antes de que termine 2026.
Fuente: Infobae