El argentino Diego Hernán Dirisio, a quien el Ministerio de Seguridad Nacional señala como el «mayor traficante de armas en Sudamérica», se encuentra recluido en la prisión de Bouwer, en Córdoba, desde el 21 de agosto. Su principal angustia es que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores han dado luz verde a su extradición a Brasil, país donde ya fue juzgado y condenado en ausencia. De concretarse el traslado, lo aguarda una celda en una cárcel brasileña, escenario que considera su peor pesadilla.
Desde un teléfono público del penal y con apenas 30 minutos disponibles, Dirisio ofreció su versión de los hechos a este medio, algo que, según afirma, no pudo hacer en las cuatro ocasiones en que la Justicia brasileña solicitó su indagatoria. Las autoridades argentinas no autorizaron esos pasos procesales para garantizar los derechos del imputado en su momento. Ahora, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja resolvió a favor de la entrega al país vecino.
No caben dudas de que Dirisio era una figura relevante en el comercio legal de armas de fuego en Paraguay. Sin embargo, surgen interrogantes: ¿Sabía que sus armas podían desviarse al mercado ilegal? ¿Por qué huyó a Argentina cuando apareció su nombre en una circular roja? ¿Qué responsabilidad tiene en la venta de armamento al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV)? Él mismo responde.
Los inicios en el negocio de armas
Dirisio explica que en Paraguay, cuando los oficiales de policía y militares egresan, el Estado no les provee un arma; deben comprarla a cooperativas como la Cooperativa 8 de Marzo. Él se dedicaba a la construcción y desde 2011 también operaba una empresa llamada IAS-PY, dedicada a la importación de armas. El proveedor anterior de las cooperativas dejó el negocio por enfermedad, y por amistad y confianza, los directivos le pidieron que incursionara en el rubro. Aunque le gustaba el tiro, confiesa que no sabía nada sobre importación de armas. Su labor consistía en vender a las cooperativas, y estas a los policías.
Ante la pregunta de cómo continuó, Dirisio señala que se informó, realizó todos los trámites, tardó casi un año y comenzó a importar, primero de mayoristas en Estados Unidos y luego consiguió la representación de Sig Sauer, uno de los fabricantes de armas más prestigiosos del mundo. Afirma que contaba con todos los permisos de Paraguay y Estados Unidos, y cumplía con todos los requisitos. La Embajada estadounidense los verificaba dos veces al año, controlaba el inventario y las ventas, y «todo estaba espectacularmente bien».
Consultado sobre qué cambió, responde con un suspiro: «Ahí entra el tema de lo increíble». Explica que el 95 por ciento de sus ventas eran a cooperativas policiales y militares. El resto se realizaba a las llamadas «casas comerciales» en Paraguay, mayoristas habilitados por la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), que depende de las Fuerzas Armadas de Paraguay y gestiona el Registro Nacional de Armas (RENAR). Si ellos autorizaban la venta, se concretaba. Asegura que nunca estuvieron en sumario ni en problemas, y siempre operaron dentro de la ley.
La controversia con las autoridades
El conflicto surgió cuando intentaron llegar a un acuerdo con DIMABEL para una concesión de una fábrica de municiones abandonada. Llegaron a un primer acuerdo, pero en septiembre de 2021 llegó a la DIMABEL el General Aldo Ozuna, quien había sido de inteligencia de Brasil y tenía antecedentes cuestionables. Ozuna decidió conceder el uso por veinte años de la planta a una empresa privada brasileña, CBC (Compañía Brasileña de Cartuchos). Dirisio cuenta que a ellos les cobraban un monto elevado que iba al Estado, mientras que con CBC se firmó un convenio «a cambio de cero guaraníes». Decidieron hablar con los medios para denunciar el negociado. Tras las sospechas de corrupción, Ozuna fue destituido en junio de 2022 y luego nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto.
Dirisio sostiene que a partir de ahí comenzó una persecución con hostigamiento, mensajes telefónicos y visitas a su casa. El general Ozuna, según él, fabricó una denuncia falsa en Brasil con la ABIN, la agencia de inteligencia brasileña. Poco después llegó el pedido de cooperación internacional a Paraguay. Se abrió una investigación sobre él y su empresa, pero después de auditorías durante años, «no encontraron una sola falta mía, no encontraron una conversación inapropiada, no encontraron absolutamente nada». En noviembre de 2023, Paraguay archivó la causa y remitió el informe a Brasil. Sin embargo, el 5 de diciembre se realizó un allanamiento en el marco del operativo «Dakovo». Dirisio lamenta la impunidad con la que las instituciones de Brasil pueden mentir.
Ante la pregunta sobre en qué se basa la acusación de Brasil, Dirisio argumenta que las armas que vendió fueron importadas y vendidas legalmente con autorización de DIMABEL. Cuestiona por qué la investigación no se dirige al comprador que probablemente desvió las armas, ni al intermediario en Brasil, sino al importador legal. Pone un ejemplo: «Si alguien compra una camioneta Toyota y con esa camioneta hace una salidera, ¿qué responsabilidad tiene la persona que vendió legalmente la camioneta?».
Respecto a su fuga, explica que un amigo muy cercano le aconsejó irse porque en Paraguay no cesarían de perseguirlo y creía que en Argentina hallaría justicia. «Se equivocó», sentencia.
Dirisio está casado con la exmodelo paraguaya Julieta Nardi, quien también fue acusada y detenida, aunque no será extraditada. Tienen dos hijos.
El temor por su vida y su familia
Describe el impacto en su familia como «un trauma terrible». Asegura que no tiene antecedentes ni infracciones, pero siente que por venganza lo hacen quedar como el máximo traficante de armas. Su hijo mayor, que ahora tiene 18 años, tenía quince cuando comenzó todo y no pudo terminar el colegio. Su hija menor tenía siete años. Dormían abrazados por el miedo. Estuvo con prisión domiciliaria y luego lo volvieron a detener. Denuncia un régimen de tortura: estuvo encerrado seis días, sin poder traer ropa interior, camisa ni comida. «No entiendo qué está pasando con la justicia argentina. Todo por un hecho que no cumplí. Es una locura lo que están haciendo tanto los juzgados como la Cancillería. Lo más cómodo es sacarme de encima. No les interesa saber la verdad. Eso es lo que más duele.»
Consultado por qué se negó a entregarse a Brasil antes de la condena, responde que no pide impunidad, sino una justicia imparcial que analice su causa. No tiene problema en enfrentar la Justicia en Argentina, su país, pero teme ser llevado a un lugar donde denunció a las fuerzas armadas, al sistema de inteligencia y un meganegociado. Revela que su cuñada, que lo ayudaba con los niños, «apareció misteriosamente suicidada en la frontera entre Paraguay y Brasil» poco antes de que empezara esta situación.
Cuando se le pregunta de qué tiene miedo, responde con contundencia: «Quieren llevarme para callarme. Yo denuncié la corrupción de los generales.» Y agrega la frase que resume su angustia:
«Si aparezco muerto que se sepa quiénes son los responsables.»
El abogado de Dirisio evalúa presentar una demanda por prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público y denegación de justicia contra los funcionarios de Cancillería y el juez que habilitaron la extradición, un proceso que, al cierre de esta nota, parecía inevitable.
Fuente: Infobae