Este domingo se cumple exactamente un mes desde que aproximadamente 72.000 personas migrantes ingresaron de manera irregular a Ceuta desde Marruecos, según datos oficiales, desencadenando la crisis humanitaria más grave registrada hasta la fecha. Durante estas semanas, la ciudad autónoma no solo continúa lejos de retornar a la normalidad, sino que en los últimos días se han registrado episodios violentos protagonizados por grupos organizados que han obstruido la distribución de alimentos y han incendiado asentamientos en la Playa del Trampolín, además de agredir a periodistas y a ciudadanos musulmanes. El sistema de acogida está colapsado, hay menores no acompañados que aún permanecen expuestos en las calles y adultos que ignoran si tendrán oportunidad de solicitar asilo. Aunque hasta ahora se habían evitado conflictos de mayor gravedad, la tensión social crece entre la población ceutí, que exige respuestas efectivas a las autoridades.
Cuatro semanas después del inicio de esta crisis, aún no se ha esclarecido el papel que desempeñó Marruecos, que insiste en el “derecho histórico” sobre Ceuta y Melilla. Tampoco se sabe si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió sobre la entrada masiva, ya que los ministerios de Defensa e Interior han ofrecido versiones contradictorias, mientras el Gobierno se ha esforzado por ‘defender’ a Marruecos. Las cifras del total de personas que cruzaron y cuántas permanecen en la ciudad tampoco están claras. Durante la última semana, el Gobierno central ha implementado varias medidas, como la aprobación de 25 millones de euros para atender a los menores migrantes, la presentación del anteproyecto de la ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería.
El Ejecutivo también ha declarado de interés para la seguridad nacional la situación en Ceuta y ha creado un mando único —liderado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres— para coordinar la respuesta institucional, aunque numerosas voces critican que estas iniciativas llegan tarde y que la crisis sigue lejos de resolverse.
Desde la Fundación porCausa, especializada en migraciones y derechos humanos, consideran que se trata de una crisis humanitaria cuya respuesta debe incluir tanto recursos económicos e institucionales extraordinarios como la reubicación de parte de la población migrante en la península, no solo la de los menores.
“Esta crisis humanitaria no ocurre ni en Sudán ni en Venezuela, sino en un Estado perfectamente operativo que tiene todas las capacidades para hacer frente a esta situación, igual que hace frente a otras muchas emergencias derivadas de desastres naturales como inundaciones o incendios, donde se destinan recursos extraordinarios para solventarlo. Es, por tanto, una situación desafiante, pero no es inmanejable si existe la voluntad para hacerlo”, señala a Infobae Gonzalo Fanjul, investigador de la Fundación porCausa y experto en migraciones.
También cuestiona las propuestas del Partido Popular y de algunos países de la Unión Europea que piden devoluciones masivas a Marruecos, al ser contrarias a la legalidad vigente. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal la devolución de 55 menores de edad no acompañados que entraron a Ceuta en agosto de 2021, mientras que en julio de este año dictaminó que las “devoluciones en caliente” no se pueden aplicar a los migrantes que intentan entrar a nado en Ceuta y Melilla por el mar.
“Hay que considerar caso por caso, especialmente cuando se trata de personas con necesidades de protección, como los menores de edad, que deben ser escuchados”, recuerda Fanjul, que destaca que la colaboración de todas las comunidades autónomas “es absolutamente fundamental”.
El PP ha recalcado que todos aquellos migrantes que entraron a Ceuta de manera irregular, “sean adultos o menores, deben volver a Marruecos”, y se ha apoyado en el aval de la Comisión Europea, que considera a Marruecos un “país seguro” para el retorno. Sin embargo, organizaciones humanitarias ya han advertido que decenas de menores llegados a la ciudad autónoma han huido de Marruecos por la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.
La ultraderecha, por su parte, defiende una política aún más estricta respecto a las devoluciones, incluyendo las de niños, niñas y adolescentes migrantes, y ha asegurado que impugnará cada expediente de reparto de menores procedente de la ciudad autónoma.
“Hay que poner todos los medios para devolverlos”, han señalado en repetidas ocasiones los consejeros del partido de Santiago Abascal.
El papel de la Unión Europea
Fanjul se muestra especialmente crítico con la postura que mantuvieron la mayoría de socios europeos (impulsada por Italia y Dinamarca), ya que al inicio de la crisis cuestionaron la política migratoria impulsada por Pedro Sánchez, denunciando incluso que medidas como la regularización extraordinaria de migrantes podrían haber actuado como “factores de atracción”, si bien unos días después los ministros del Interior europeos mostraron su “total solidaridad” con España.
“Aquí no hay atajos y quienes están poniendo palos en la rueda, quienes están tratando de que el Gobierno incumpla la ley y rechazan la solidaridad de las comunidades autónomas, así como la falta de apoyo inicial de la Unión Europea a España, al final todos ellos terminan favoreciendo los intereses de quienes provocaron esta crisis en primer lugar”, sostiene el investigador.
Fanjul advierte que estas posturas contribuyen a alimentar futuras crisis migratorias en Marruecos o en otros puntos sensibles de las fronteras europeas, donde terceros países “podrían volver a utilizar a las personas migrantes como arma arrojadiza”.
La Unión Europea, al no responder con firmeza y solidaridad, “legitima este tipo de actuaciones y facilita que puedan repetirse en el futuro”.
“¿Qué van a hacer los italianos cuando tengan la próxima crisis de este tipo en Lampedusa? ¿Debería España promover una carta criticándoles como hicieron ellos? ¿Qué van a hacer los daneses cuando Donald Trump vuelva a exigir quedarse con Groenlandia?”, se pregunta Fanjul.
El experto recuerda que la Unión Europea ha promovido durante años un modelo de externalización de la política migratoria y eso ha dificultado el control efectivo de los flujos migratorios.
“No se han promovido alternativas legales, seguras y ordenadas para la llegada de migrantes, lo que ha sobrecargado los sistemas de protección, ya que muchas personas se ven obligadas a solicitar asilo sin reunir los requisitos para ello”, sostiene.
Si bien el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta continúa siendo objeto de un intenso debate político y diplomático, con posturas contradictorias sobre el nivel de implicación de Rabat, lo que sí resulta evidente es que el país “ha evidenciado una falta de control en su frontera y ha proyectado una imagen negativa a nivel internacional”, añade Fanjul.
Pese a los últimos estallidos de violencia, el investigador destaca el trabajo que ha realizado la ciudad de Ceuta para responder a la crisis, “esforzándose por mantener el equilibrio social y la convivencia entre distintos colectivos y religiones”. Valora especialmente los esfuerzos del Ministerio de Infancia y Juventud para proteger los derechos de los menores en un contexto especialmente complejo.
Por el momento, aunque la crisis está lejos de resolverse, el Gobierno y la ciudad autónoma alcanzaron el viernes un acuerdo unánime sobre los nuevos espacios donde alojar a los migrantes, con el objetivo de acelerar los retornos de los adultos marroquíes con escasas posibilidades de obtener asilo. El Ejecutivo también ha enviado más policías especializados y ha solicitado formalmente la colaboración de la Unión Europea a través de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), de Europol y de la Agencia de la UE para el Asilo (EUAA), diez días después de recibir la oferta europea.
Fuente: Infobae