El pasado domingo, el periódico Los Angeles Times informó que la administración de Donald Trump estaría diseñando una iniciativa anticorrupción enfocada en funcionarios mexicanos sospechosos de vínculos con el crimen organizado. Según la publicación, las medidas podrían superar la simple revocación de visas e incluir denuncias formales en cortes federales de Estados Unidos.
El embajador Ronald Johnson fue quien encendió las alertas en un evento en Sinaloa, durante la inauguración del proyecto Pacífico Mexinol. Allí declaró:
”Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos.”
El lunes, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre el tema. Su respuesta incluyó una referencia histórica que no pasó desapercibida.
“Lo que tiene que haber es pruebas”: la postura de Sheinbaum
La mandataria fue contundente: la lucha anticorrupción en México es responsabilidad del gobierno mexicano, de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales, no de Washington.
“Igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios estadounidenses en Estados Unidos. No es un asunto solo de México”, afirmó.
Sheinbaum aclaró que su administración no protegerá a nadie contra quien existan evidencias, pero advirtió que cualquier indagación, sin importar su origen, debe basarse en pruebas verificables y ser revisada por las autoridades competentes:
“Lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras.”
El fantasma de Cienfuegos
Para reforzar su argumento, Sheinbaum evocó uno de los episodios más delicados en la relación bilateral reciente: el caso del general Salvador Cienfuegos.
El exsecretario de Defensa fue detenido en 2020 por la DEA en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El entonces presidente López Obrador solicitó a Trump y al fiscal estadounidense toda la información disponible. La respuesta fue contundente: no había pruebas suficientes. Cienfuegos fue devuelto a México, la FGR investigó y concluyó que no existía delito que perseguir.
El mensaje implícito de Sheinbaum fue claro: México ya vivió un caso en que EE.UU. actuó sin evidencia sólida. No está dispuesta a que se repita.
México también tiene pendientes con Washington
La presidenta también subrayó que la rendición de cuentas debe ser bilateral. México ha solicitado en repetidas ocasiones a Estados Unidos la detención de dos empresarios con doble nacionalidad involucrados en el denominado huachicol fiscal, es decir, contrabando de combustibles, sin obtener respuesta favorable.
“Nosotros también pedimos que se entregue a México a empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Y todavía no hay resultados”, subrayó.
En cuanto al embajador Ronald Johnson, Sheinbaum se mostró mesurada. Reconoció que hasta el momento ha mantenido “una relación diplomática y cordial” con el gobierno mexicano y que ha colaborado en temas como el agua y el transporte. Sin embargo, advirtió que si se confirmara una estrategia injerencista, “entonces lo haríamos ver”.
Fuente: Infobae