La Cámara de Senadores de Bolivia ha dado luz verde a la creación de una comisión especial de investigación destinada a esclarecer las presuntas gestiones de influencia que habría realizado el expremier español José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente imputado en el ‘caso Plus Ultra’, junto con otros actores nacionales o extranjeros. Esta decisión surge en medio de un intenso debate público sobre el rol que el político ibérico habría desempeñado en un litigio empresarial que involucra a la filial boliviana del conglomerado peruano Grupo Gloria.
De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la Cámara de Senadores y citado por agencias internacionales, el equipo investigador estará integrado por seis miembros que representarán a todas las fuerzas políticas del país. Cada bancada deberá designar a sus representantes, y el grupo dispondrá de un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo las indagaciones y presentar un informe final ante el pleno legislativo.
Investigación a fondo sobre presuntas irregularidades
La creación de esta comisión responde a una solicitud presentada por Alianza Libre, el principal partido de la oposición en Bolivia. El objetivo central es determinar si existieron gestiones irregulares encaminadas a favorecer al Grupo Gloria a cambio de una contraprestación económica de 200.000 euros, presuntamente acordada entre 2024 y 2025. La senadora y líder de Alianza Libre en la Cámara Alta, Tomasa Yarhui, enfatizó la necesidad de “investigar y sancionar” cualquier acto indebido, y señaló que “primero se deben investigar los hechos antes de consolidar la justificación de los delitos”. Como parte de las diligencias, Yarhui anunció que se solicitará, a través de la Cancillería boliviana, toda la documentación relacionada con las pesquisas que se están realizando en España.
Este frente parlamentario se suma a la revisión judicial que ya había sido abierta por el Consejo de la Magistratura de Bolivia. Su presidente, Carlos Spencer, informó que se examinará el fallo emitido por una Sala Constitucional que eximió a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), filial del Grupo Gloria, de pagar 107 millones de dólares a la cementera estatal FANCESA en un litigio por competencia desleal. “Vamos a hacer un levantamiento técnico y determinar responsabilidades a través de Control y Fiscalización y de la Unidad de Transparencia. Si amerita procesos penales, también los vamos a iniciar”, aseguró Spencer.
El expresidente Arce se desmarca del caso
Inicialmente, SOBOCE fue condenada a pagar una indemnización millonaria, pero una resolución posterior anuló esa obligación. Ahora, la investigación busca esclarecer si hubo algún tipo de injerencia política o irregularidad en todo el proceso. De acuerdo con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros por labores de intermediación e influencia a favor del Grupo Gloria, utilizando como fachada una sociedad sin actividad real denominada Focus Social Research, bajo la apariencia de un contrato de consultoría. El informe policial español sostiene que el pago estaba vinculado a una supuesta mediación ante autoridades bolivianas para beneficiar a la empresa peruana.
Entre los nombres que aparecen en la investigación figuran antiguos funcionarios bolivianos, incluido el expresidente Luis Arce. En un comunicado público, Arce ha negado rotundamente cualquier implicación en el caso y ha asegurado que nunca trató “ningún litigio judicial” relacionado con SOBOCE o el Grupo Gloria. “No estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Sociedad Boliviana de Cementos ni a ninguna otra empresa privada”, declaró. Arce precisó que su relación con Zapatero se limitó a cuestiones institucionales y políticas, y explicó que “las últimas conversaciones” que mantuvo con el expresidente español ocurrieron en el contexto de los esfuerzos del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2024.
Además, Arce afirmó desconocer las gestiones posteriores de Zapatero en Sucre. Para reforzar su postura, recordó que durante su gobierno, en mayo de 2025, el entonces procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, impugnó de forma pública la resolución judicial que eximió a SOBOCE del pago, lo que, según Arce, demuestra la posición oficial del Ejecutivo. Menos de un mes después, los días 16 y 20 de junio de 2025, Focus Social Research ordenó dos transferencias de 50.000 euros cada una a la cuenta de Rodríguez Zapatero, completando así el abono íntegro de los 200.000 euros pactados en el contrato.
La UDEF subraya que la secuencia entre las gestiones ante las autoridades bolivianas, la resolución judicial favorable a SOBOCE y el pago del resto de los honorarios apunta a una relación de causa y efecto. La decisión final sobre la validez del amparo recae ahora en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que aún no se ha pronunciado al respecto.
Fuente: Infobae