En la última sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) del actual Gobierno, se oficializó la incorporación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA) al Mecanismo de Monitoreo Internacional de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta medida representa un paso fundamental para la justicia transicional en el país, según informó El Tiempo.
La resolución establece que tanto ONU Derechos Humanos como la Mapp-OEA asumirán la tarea de monitorear internacionalmente las decisiones de la JEP, conformando así el mecanismo internacional previsto, de acuerdo con la misma fuente.
El acuerdo se tomó durante la última sesión ampliada de la Csivi de este Gobierno, donde se evaluaron los avances, logros y desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016.
En la reunión también se resaltó la publicación de varios decretos destinados a la ejecución del Acuerdo de Paz. Entre los más relevantes, figuraron la renovación de la vigencia de la Csivi y un decreto de condiciones transversales que busca garantizar el cumplimiento de las sanciones propias que dictará la JEP.
Estas disposiciones acompañaron la definición sobre el mecanismo de monitoreo, dentro del balance institucional que abordó tanto los progresos como los retos de la implementación, según El Tiempo.
Una etapa decisiva para la paz
Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, declaró a El Tiempo:
“Para ONU Derechos Humanos es un honor contribuir al Mecanismo Conjunto de Monitoreo Internacional de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz y del capítulo étnico, de manera conjunta con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA)”.
Campbell subrayó que el compromiso de las entidades que conforman la Csivi resulta crucial en esta fase de implementación. Asimismo, señaló que Colombia atraviesa un momento determinante para cumplir con lo pactado.
La puesta en marcha de este mecanismo marca el inicio del acompañamiento internacional para la ejecución de las primeras sanciones propias de la JEP. Esto ocurre después de que la jurisdicción dejara firmes los primeros fallos contra los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Polémica propuesta contra la JEP
El jurista Abelardo de la Espriella reiteró que, si llega a la Presidencia, buscará eliminar la JEP. Argumenta que su costo no se justifica frente a los resultados obtenidos. Esta propuesta impactaría directamente a la justicia transicional creada tras el Acuerdo de Paz con las Farc-EP, la cual está diseñada para operar hasta 2032, con posibilidad de extenderse hasta 2037.
La Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con un presupuesto anual de 739.000 millones de pesos. En 2025 ejecutó el 99,3% de esos recursos, con cerca del 80% destinado a gastos de funcionamiento y el 20% restante a proyectos de inversión.
La postura del jurista fue ratificada el 9 de junio en una entrevista con Caracol Radio, donde insistió en que no desea que el país continúe destinando dinero a ese tribunal. Antes de la segunda vuelta electoral, el tema ya había surgido repetidamente en sus intervenciones públicas.
Según explicó, su objetivo sería desmontar esa jurisdicción dentro del marco constitucional y legal. De la Espriella sostuvo que el dinero usado para mantenerla debería regresar “al bolsillo de los colombianos”.
Consultado sobre por qué rechaza la continuidad de la justicia transicional, el abogado respondió:
“La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal. No ha producido absolutamente nada. La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación”.
En la misma conversación agregó:
“Tiene un altísimo costo para Colombia. A mí me parece que no se justifica que un organismo como esos gaste tanto dinero sin producir resultado alguno. Ya yo no le estoy pidiendo justicia a la JEP, es imposible que puedan darle justicia a las víctimas. Lo que me preocupa hoy es la cantidad de plata que cuesta ese bodrio y que le podemos devolver al bolsillo de los colombianos. Haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”.
La JEP fue creada como parte del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano con las Farc-EP. Su función es investigar, juzgar y sancionar a los involucrados en crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Desde 2016, ese tribunal transicional ha juzgado a excombatientes de las Farc, agentes del Estado, militares y otras personas con participación en crímenes de lesa humanidad y hechos similares. Su esquema contempla beneficios jurídicos para quienes reconozcan responsabilidad y aporten al esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, la jurisdicción ha estado entre las entidades del sector justicia con mayor nivel de ejecución dentro del Presupuesto General de la Nación.
Fuente: Infobae