La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ratificado su competencia legal para proceder con el juicio contra 22 ciudadanos, entre militares y civiles, señalados por su participación en 301 ejecuciones extrajudiciales. Los hechos investigados ocurrieron en el departamento de Casanare, concentrándose específicamente en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2008.
Este avance procesal representa la entrada en la etapa más determinante del litigio. Durante este periodo, el cuerpo de magistrados evaluará con rigurosidad si el reconocimiento de responsabilidad y los testimonios ofrecidos por los procesados guardan total coherencia y veracidad frente al acervo probatorio recopilado.
El expediente de Casanare se posiciona como el quinto proceso de gran envergadura que logra llegar a la fase de juicio ante el Tribunal para la Paz, consolidándose como uno de los casos de mayor trascendencia en el ámbito nacional dentro de la justicia transicional.
Restauración y sanciones en el juicio dialógico
El marco jurídico que rige este juicio se basa en un modelo denominado “juicio dialógico”. Este sistema promueve un intercambio directo y transparente entre las víctimas y los comparecientes, permitiendo que la sentencia final se construya bajo las premisas de verdad completa y reparación integral.
Bajo este esquema, la justicia especial tiene la potestad de imponer una “Sanción Propia”. Dicho mecanismo no solo contempla la restricción efectiva de libertades y derechos de los condenados, sino que exige la ejecución de proyectos tangibles destinados a restaurar el tejido social de las comunidades afectadas y recuperar los territorios golpeados por la violencia.
El tribunal mantendrá una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de estas disposiciones reparatorias. Dentro de la lista de personas que enfrentan este juicio, destacan figuras de alto rango y exfuncionarios:
- Henry William Torres Escalante: mayor general (r) y quien fuera comandante de la Brigada XVI durante el pico de la actividad criminal.
- Gustavo Enrique Soto Bracamonte: mayor (r) y antiguo líder del Gaula Casanare.
- Orlando Rivas Tovar: quien se desempeñó como director seccional del extinto DAS.
El grupo de procesados se completa con otros 17 antiguos integrantes del Ejército Nacional y dos ciudadanos particulares. Las indagaciones de la JEP determinaron que en la Brigada XVI operó una estructura criminal que instrumentalizó los recursos del Estado para ejecutar una estrategia sistemática. El objetivo era presentar a civiles inocentes como “bajas en combate”, logrando así resultados operacionales fraudulentos que califican como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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En un hecho paralelo que también sacude a la opinión pública, el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez admitió formalmente ante la JEP su responsabilidad en casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Estos crímenes se perpetraron en Valledupar mientras él lideraba el Batallón de Infantería La Popa.
Figueroa Suárez es procesado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) en relación con al menos 24 eventos criminales que terminaron con la vida de 38 personas. Durante la audiencia preliminar realizada el 27 de enero de 2026, el oficial retirado aceptó los cargos, abriendo un debate profundo sobre la negligencia y el mando militar en el conflicto colombiano.
Ante los cuestionamientos del magistrado Raúl Sánchez, el coronel retirado fue enfático al declarar:
“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”
Figueroa Suárez también admitió que existió una falta de control generalizada que involucró a diversas instituciones estatales, incluyendo la Justicia Penal Militar, la Fiscalía de Valledupar y la Policía del Cesar. Según su testimonio, estas fallas impidieron la identificación oportuna de las irregularidades.
Finalmente, el oficial reveló la operatividad de “nóminas paralelas”, confirmando que miembros de la fuerza pública en el Cesar recibían remuneraciones mensuales por parte de estructuras paramilitares, específicamente del grupo Héroes del Cesar bajo las órdenes de alias 39.
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