La familia presidencial de Nicaragua ha logrado consolidar, en casi dos décadas, el dominio de un conglomerado de empresas y recursos estatales, con una fortuna estimada en al menos USD 2.500 millones, de acuerdo con investigaciones del diario La Prensa de Nicaragua. La falta de grandes herencias familiares y la escasa experiencia laboral previa de Daniel Ortega y Rosario Murillo
Según la información publicada por La Prensa, el aumento de la riqueza familiar está directamente relacionado con la privatización y apropiación de recursos públicos, en especial los provenientes de la cooperación venezolana, así como con el manejo discrecional de fondos estatales.
Entre 2007 y 2016, Nicaragua recibió aproximadamente USD 5.000 millones en cooperación venezolana, de los cuales al menos USD 500 millones anuales quedaron bajo el control directo de la pareja gobernante. Periodistas y especialistas financieros han señalado que estos fondos alimentaron empresas y negocios que prosperaron con apoyo estatal.
El patrimonio familiar quedó al descubierto en 2018, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Banco Corporativo (Bancorp) por su participación en esquemas de corrupción y lavado de dinero en beneficio personal del régimen. El economista Enrique Sáenz estimó entonces que la riqueza de los Ortega Murillo ascendía a «2.500 millones de dólares como mínimo», cifra que coincide con los recursos administrados por la financiera Caruna, vinculada a la familia, mediante contratos de fideicomiso en Bancorp. La Prensa destacó que esa cifra representa solo un cálculo mínimo del valor de los activos familiares.
En febrero de 2022, una investigación del diario Confidencial reveló que la familia Ortega Murillo percibía en conjunto alrededor de USD 65.500 mensuales en salarios registrados oficialmente. Estos ingresos provenían de sueldos en instituciones públicas y empresas estatales o paraestatales, distribuidos entre los nueve hijos del matrimonio, así como exparejas y allegados, con montos individuales que oscilaban entre los USD 2.500 y USD 6.000 mensuales.
El propio Daniel Ortega recibía un salario de USD 4.232, mientras que Rosario Murillo, en su rol de vicepresidenta, percibía USD 4.093. Estas cifras superan ampliamente el salario mínimo vigente en Nicaragua, que en 2026 se sitúa entre 169 y 378 dólares.
El entramado de empresas de la familia
La estructura empresarial del clan ha sido objeto de múltiples investigaciones periodísticas. En 2022, un equipo liderado por el periodista Octavio Enríquez identificó 22 empresas vinculadas a la familia, activas en sectores como petróleo y energía, medios de comunicación, bienes raíces, publicidad, servicios y fundaciones.
De acuerdo con la publicación de La Prensa, muchas de estas compañías operan como monopolios o dependen de contratos estatales para su subsistencia. Entre las empresas mencionadas se encuentran DNP Petronic, Albanisa, Inversiones Zanzíbar, la financiera Caruna y Difuso Comunicaciones, todas señaladas por Estados Unidos en sanciones internacionales.
Una parte significativa del capital familiar proviene del control del negocio petrolero. La Prensa documentó que empresas como DNP Petronic han recibido contratos estatales millonarios, consolidando un dominio del mercado de combustibles nicaragüense. Las sanciones internacionales han alcanzado a estas firmas, acusadas de beneficiar directamente a la familia gobernante mediante prácticas de lavado de dinero y corrupción.
El peso del oro en la fortuna familiar
El sector aurífero también ha contribuido a incrementar la riqueza de los Ortega Murillo. Una investigación publicada en febrero de 2026 señala que el entramado de sociedades relacionadas con el oro opera de manera paralela y poco transparente, permitiendo la acumulación de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Estimaciones conservadoras calculan que los negocios del Grupo Minero Xiloá S.A. (Grumixsa) y Capital Mining, bajo control de allegados y del propio Laureano Ortega Murillo, han generado más de USD 80 millones. Estas empresas dominan el mercado de exportación de oro, imponiendo condiciones a pequeños mineros y consolidando un monopolio de alto rendimiento.
La renta obtenida por la migración irregular
Además del control de sectores productivos estratégicos, la familia ha encontrado oportunidades de lucro en la migración irregular. Según La Prensa, la dictadura permitió durante varios años la entrada libre de cubanos a Nicaragua, facilitando su tránsito hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Este flujo migratorio, que se mantuvo hasta febrero de 2026, generó ingresos para el régimen a través de la venta de boletos aéreos y servicios vinculados. La Prensa cita datos periodísticos que indican que, entre 2022 y los primeros días de 2026, al menos 1.14 millones de migrantes irregulares utilizaron Nicaragua como paso hacia territorio estadounidense, con vuelos directos desde Cuba y conexiones desde África y Asia.
Medios, inmuebles y servicios bajo control del clan
La investigación periodística también ha evidenciado la existencia de una red de empresas y fundaciones bajo la órbita familiar. Dentro de los medios de comunicación, el grupo controla canales de televisión como Canal 4 y TN8, así como una docena de emisoras de radio. En bienes raíces, sobresalen compañías como ICSA Inmobiliaria y Urbisa.
En servicios y logística, las actividades incluyen agencias aduaneras y empresas tecnológicas. La Prensa destacó que el entramado societario permite a la familia diversificar sus fuentes de ingresos y blindar su patrimonio frente a eventuales investigaciones locales o internacionales.
Estados Unidos ha aplicado reiteradas sanciones a empresas y personas ligadas a la familia presidencial por corrupción, lavado de dinero y apropiación de recursos públicos. Estas acciones han provocado el cierre de compañías como Bancorp y han forzado intentos de nacionalización para evitar la pérdida de activos. Para La Prensa, estos procesos confirman la utilización sistemática del aparato estatal con fines de enriquecimiento personal.
Fuente: Infobae