La entidad bancaria BAC Panamá ha tomado la decisión de sumarse por cuenta propia al proceso judicial conocido como Operación Pandora, relacionado con la presunta alteración del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). Según las investigaciones, esta manipulación habría generado un perjuicio económico cercano a los $40 millones para el Estado panameño, mediante la obtención de créditos fiscales de manera irregular.
El banco explicó que esta acción, realizada por iniciativa propia, busca ampliar la colaboración que ya mantiene con las autoridades, entregando directamente la documentación que permita reconstruir el rastro de las operaciones. BAC pretende demostrar cómo adquirió los créditos fiscales bajo investigación, los cuales, según argumenta, aparecían registrados y certificados oficialmente en la plataforma tributaria.
La entidad aclaró que no ha sido acusada formalmente dentro de la Operación Pandora ni enfrenta una imputación penal. Su incorporación no le otorga, por ahora, la condición de querellante, investigado o víctima, sino que busca participar directamente en el proceso y aportar información sobre las transacciones realizadas.
BAC destacó además que, durante sus 30 años de operación en Panamá, no ha enfrentado acusaciones penales. Su decisión, aseguró, tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento de los hechos. La entidad defendió la confianza que las empresas depositan en la información y certificaciones oficiales emitidas por el Estado al realizar operaciones comerciales.
El banco en la ruta de los créditos
La participación de BAC adquiere relevancia porque una parte importante de los créditos fiscales investigados terminó en esa entidad bancaria. Una auditoría interna de la DGI determinó que el 93% de las cesiones examinadas tuvo como beneficiario final a BAC International Bank Inc., según un informe fechado el 9 de octubre de 2025.
La investigación identificó créditos por $30.5 millones pertenecientes originalmente a ocho contribuyentes, entre ellos sociedades vinculadas a sectores de seguros, energía, inversiones y otros negocios. Según la auditoría, esos saldos fueron anulados, modificados y posteriormente transferidos a sociedades intermediarias, que después los cedieron a terceros.
BAC ha sostenido que adquirió esos créditos de buena fe, mientras que ahora precisó que los pagos correspondientes fueron realizados después de que los montos aparecieran oficialmente acreditados y certificados dentro de E-Tax 2.0. Su incorporación al expediente permitirá presentar directamente la documentación con la cual busca respaldar esa posición.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, había señalado en julio que bancos, aseguradoras y otras empresas fueron engañados mediante créditos fiscales falsos. Tras conocerse el caso, también anunció el fortalecimiento de los controles, la gobernanza y los mecanismos de trazabilidad dentro de la administración tributaria.
Un reporte interno destapó Pandora
La Operación Pandora surgió después de que una revisión administrativa detectara inconsistencias entre las retenciones declaradas y los pagos recibidos por la DGI. Precisamente, uno de los primeros elementos que llamó la atención de los auditores fueron retenciones asociadas a BAC que aparecían respaldadas mediante ajustes, en lugar de pagos en efectivo.
La revisión posterior permitió identificar 61 ajustes por más de $42.4 millones, aunque cuatro correspondían a resoluciones legítimas. Los investigadores reconstruyeron posteriormente los movimientos realizados en E-Tax 2.0 y encontraron anulaciones de operaciones antiguas, cambios de beneficiarios y expedientes sin documentación suficiente para justificar determinadas modificaciones.
Según la tesis de la investigación, el mecanismo permitía convertir pagos tributarios previamente realizados en créditos nuevamente disponibles. Después, esos recursos podían ser trasladados mediante solicitudes de corrección y cesiones hasta llegar a sociedades intermediarias y, finalmente, ser comercializados a cambio de dinero real.
El Ministerio Público sostiene que funcionarios de la DGI y particulares manipularon E-Tax 2.0 para apropiarse de créditos fiscales, causando una afectación calculada inicialmente en unos $40 millones. Las primeras diligencias de la Operación Pandora incluyeron más de 20 allanamientos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.
Una investigación todavía abierta
El expediente mantiene actualmente 21 personas imputadas por diferentes delitos, entre ellos blanqueo de capitales, delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos. La Fiscalía ha advertido que el número de investigados podría aumentar conforme avancen las diligencias y se incorporen nuevas evidencias.
La investigación también intenta determinar si existen otros contribuyentes cuyos créditos fiscales fueron utilizados sin su conocimiento. Los fiscales continúan revisando documentación, movimientos financieros y actuaciones de antiguos funcionarios de la DGI para establecer el recorrido completo de los créditos y las responsabilidades individuales dentro de la presunta estructura.
En julio, una investigación periodística identificó al menos ocho contribuyentes cuyos créditos fueron afectados por las operaciones examinadas. La auditoría determinó que las cesiones investigadas eran improcedentes e ilegítimas porque no habían pasado por los mecanismos de revisión y supervisión correspondientes, ni existían evidencias de resoluciones motivadas que las autorizaran.
Los tribunales también han mantenido la mayoría de las medidas cautelares impuestas a los procesados, mientras la Fiscalía continúa incorporando información bancaria, entrevistas y documentos societarios. El Órgano Judicial ha confirmado que la causa investiga una afectación aproximada de $40 millones mediante la manipulación de E-Tax 2.0.
La entrada voluntaria de BAC introduce ahora a uno de los principales receptores finales de los créditos investigados directamente dentro del proceso, aunque sin una acusación penal contra la entidad. El banco buscará demostrar documentalmente cómo realizó las adquisiciones y qué información oficial tenía disponible cuando pagó por créditos que posteriormente quedaron bajo investigación.
La Operación Pandora continúa así siguiendo dos rutas paralelas: la manipulación interna que habría permitido generar o liberar los créditos y el recorrido posterior del dinero. La documentación que aporte BAC podría convertirse en una pieza relevante para determinar qué ocurrió después de que esos saldos salieron de las cuentas originales y llegaron al mercado.
Fuente: Infobae