El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado este domingo a la Fundación Nacional para la Conservación del Patrimonio Histórico que retire la demanda presentada contra la Casa Blanca por el proyecto de salón de baile del presidente Donald Trump, luego del tiroteo ocurrido el sábado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Hilton de Washington DC.
El fiscal general interino, Todd Blanche, envió una carta al abogado de la fundación, Greg Craig, en la que advierte:
“Su demanda pone en grave riesgo la vida del presidente, su familia y su personal. Espero que el incidente de ayer (sábado), en el que estuvo a punto de ser asesinado, le ayude a comprender la insensatez de una demanda que, literalmente, no tiene otro propósito que detener al presidente Trump a cualquier precio”.
Blanche consideró que “ya es suficiente” y que la fundación “debería retirar voluntariamente esta demanda infundada” a la mayor brevedad. Asimismo, fijó un ultimátum: si la demanda no se retira antes de las 9:00 a.m. del lunes (hora local), el Gobierno solicitará que se revoque la medida cautelar y se desestime el caso. “Si no recibimos respuesta suya antes de las 9:00 de la mañana del lunes, daremos por entendida su oposición”, agregó.
En la misiva, Blanche defendió que el salón de baile de la Casa Blanca es esencial para la seguridad del presidente, su familia, su gabinete y su personal. Argumentó que, una vez terminado, “el presidente Trump y sus sucesores ya no tendrán que salir del perímetro de seguridad de la Casa Blanca para asistir a grandes reuniones en el salón de baile del Washington Hilton”. Añadió que el proyecto garantizará la seguridad presidencial durante décadas y evitará futuros intentos de asesinato en ese hotel.
La carta de Blanche se produjo en medio de un intenso fin de semana en el que el propio Trump aprovechó para reivindicar la construcción inmediata del monumental proyecto, con un coste estimado de entre 170 y 350 millones de dólares (145 a 298 millones de euros), según estimaciones de su Administración. El presidente planea inaugurarlo antes del final de su segundo mandato, en 2029.
Trump concibe la estructura como una sala de recepción acorazada de 8.200 metros cuadrados, cuyo costo será asumido por mecenas como la familia Adelson y grandes tecnológicas como Google o Amazon. Sin embargo, el juez de distrito federal Richard Leon volvió a frenar su construcción hace semana y media, acusando a la Administración de intentar eludir dictámenes previos en contra del proyecto.
Al admitir a trámite la demanda de la Fundación Nacional para la Conservación del Patrimonio Histórico, el magistrado afirmó:
“Ninguna ley se acerca siquiera a otorgar al presidente la autoridad que este afirma poseer”.
Fuente: Infobae