Un chat clave en la Justicia federal de Córdoba forma parte del expediente que sacude a las clínicas Fecundart y Nascentis, señaladas por presuntos delitos relacionados con tratamientos de fertilidad. La investigación revela un mecanismo que, según los fiscales, explotaba la vulnerabilidad de mujeres jóvenes y de escasos recursos.
De acuerdo con la acusación, mujeres en situación de pobreza eran captadas para gestar bebés que luego serían entregados a parejas argentinas a cambio de sumas que oscilaban entre 10 mil y 18 mil dólares. Muchas de ellas ya tenían hijos propios. En los chats, la oferta se detallaba como si se tratara de un paquete turístico: 18.200 dólares en total, con pagos mensuales de 350 dólares y 12 mil dólares después del parto. Se ofrecían bonos adicionales por “seriedad y puntualidad” —dos mil dólares más— y otros 300 dólares para ropa.
En otra conversación, el esquema prometía un bono final de 5 mil dólares y un iPhone 13 “a partir del momento en que quedás embarazada”. El marco legal en Argentina es ambiguo: la gestación subrogada no es delito, como tampoco lo es la venta de vientres, a diferencia de países como Ucrania o Estados Unidos, donde un vientre puede costar hasta 15 veces más que en Córdoba. Sin embargo, la fiscalía sostiene que aquí hubo trata de personas, al captar y explotar a mujeres en condición de vulnerabilidad.
A mediados de mayo, el juez Alejandro Sánchez Freytes procesó por trata agravada por abuso de vulnerabilidad al médico cirujano José Antonio Pérez Alzaa, de 66 años, socio de Grupo Fecundart y exdirector de la clínica; y a Paula Mariana Liendo, de 52 años, cuñada de Pérez Alzaa. En el caso de Fecundart, dos mujeres fueron identificadas como víctimas. El abogado Nicolás Enrique Gigena, vinculado a Nascentis, fue procesado por cinco víctimas por trata agravada y tentativa de falsedad ideológica. El juez impuso un embargo global de más de mil millones de pesos.
La investigación, a cargo del fiscal Enrique Senestrari, el fiscal general Carlos Gonella y la PROTEX, detalló el modus operandi. Según el expediente, “la clínica Fecundart habría establecido, en muchos casos, un primer contacto con las víctimas a través de sus ‘donaciones de óvulos’”, lo que permitía identificar a las mujeres. El mismo método se replicaba en Nascentis.
La falsedad ideológica imputada a Gigena se centra en documentos sobre los bebés, con acuerdos firmados entre madres gestantes y padres intencionales que debían ser homologados por la Justicia de familia cordobesa. En esos acuerdos —presuntamente falsos— Gigena habría invocado “una amistad” entre las partes que en realidad no existía, y habría descrito un supuesto fin altruista y filantrópico como único móvil de la gestante, según Sánchez Freytes.
Entre los documentos secuestrados al abogado se halló un archivo titulado “Acuerdo Privado Entre Partes – De fecha Voluntad Procreacional – Compensación Económica”, con fecha del 2 de febrero de 2022, donde los padres intencionales se comprometían a pagar una compensación de diez mil dólares a la gestante.
El esquema era voraz: una presentación fue rechazada porque la mujer había parido apenas 45 días antes. En otro caso, el trámite no prosperó porque la Justicia de familia ya había detectado “una situación de vulnerabilidad”. El último trámite de Gigena ni siquiera avanzó: la causa en la Justicia federal ya había estallado.
Los chats de la causa revelan el drama humano. En una conversación atribuida a Gigena, el abogado pide a una víctima fotos “para los padres intencionales” y también “alguna foto con tu hija”. “Le mando alguna tranqui, no como la de mi perfil”, respondió la mujer. “Jaja, sí, más tranqui”, contestó el letrado. Los informes ambientales incluyeron imágenes de las viviendas de las víctimas, detalles de sus ingresos y sus vidas con sus hijos.
La historia de una joven que quería escribir
Entre las víctimas señaladas está una joven de 26 años, madre, beneficiaria de planes sociales, que vive en un barrio de casas bajas con techos de chapa apisonados por piedras. Cobraba la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar; su ex pareja le pasaba 40 mil pesos mensuales. Ya había vendido cinco óvulos a Nascentis, lo que le permitió hacer “su casita”, donde cocinaba con un anafe eléctrico. Vivía hacinada con su madre, su hermana mayor y su hija, con una sola canilla en el exterior. “Ni al baile voy”, declaró. Reparaba celulares, amaba escribir y esperaba terminar el secundario. Llegó al abogado de parte de otra donante de óvulos.
El 2 de mayo de 2023, Gigena la citó en su estudio. Cinco meses después, ella pedía el depósito del dinero. En noviembre de ese año, le anunció que estaba embarazada de un mes y una semana. El bebé estaba destinado a una mujer profesional que había superado un cáncer de útero. Sin embargo, la joven desistió del plan por “problemas con el papá de mi nena”. El abogado reaccionó de inmediato y fue a visitarla. “¿Por qué te venís a echar atrás si las cosas ya las firmamos?”, le habría dicho. Gigena reconoció esa visita. Ella respondió: “Gigena, no tengo ni 200 pesos para un boleto”. Hoy, está marcada como deudora en el sistema crediticio, con deudas viejas que no llegan a 200 mil pesos.
La imputación original era mayor. Varios sospechosos fueron sobreseídos, entre ellos autoridades médicas de las clínicas, por decisión del juez Sánchez Freytes. Los procesados también fueron sobreseídos en casos de otras presuntas víctimas.
Fuente: Infobae