A pesar de que el presidente Daniel Noboa rechaza categóricamente el calificativo de “dictador” o “criptodictador”, diversos hechos apuntan a una creciente cooptación de las distintas funciones del Estado, beneficiando su ejercicio del poder en poco más de un año de gestión. Esto ocurre y se consolida, especialmente, a menos de cuatro meses de las elecciones seccionales planificadas para el 29 de noviembre de 2026.
Una Asamblea a la medida
El control comenzó en la Asamblea Nacional desde febrero de 2025. En aquel momento, el bloque oficialista ADN contaba con 66 curules, frente a las 67 de la Revolución Ciudadana, lo que obligaba a una búsqueda constante de consensos.
Sin embargo, la fragmentación de la oposición permitió que el oficialismo sumara respaldos provenientes de otras bancadas y de legisladores independientes. ADN logró incorporar seis votos de Pachakutik y tres de asambleístas no alineados.
A ellos se añadieron legisladores que se alejaron de la Revolución Ciudadana (RC) y pasaron a respaldar al Gobierno, entre ellos Sergio Peña, Jhajaira Urresta, Mónica Salazar y David Arias.
Con esta mayoría, el oficialismo consolidó una amplia capacidad de maniobra para aprobar iniciativas afines al Ejecutivo y bloquear propuestas, cambios del orden del día o fiscalizaciones que pudieran afectar al régimen.
Este escenario también se refleja en las comisiones legislativas, donde 13 de las 15 mesas especializadas están presididas por asambleístas oficialistas, lo que permitió mantener una línea de actuación similar a la observada en el hemiciclo.
Esta estrategia de cooptación alcanzó su punto máximo en junio de 2026, cuando el jefe de la bancada oficialista, Esteban Torres, fue elegido como primer vicepresidente de la Asamblea con un respaldo de 84 votos, consolidando así una mayoría que supera holgadamente los 77 apoyos necesarios para gobernar a sus anchas.
Un ejemplo reciente de este funcionamiento ocurrió en la Comisión de Fiscalización, la cual recomendó archivar el juicio político contra la exministra Inés Manzano. El proceso, motivado por la crisis energética que dejó al país con cortes de luz de hasta 14 horas, fue detenido en el Pleno, impidiendo que la funcionaria rindiera cuentas de sus actuaciones.
El CNE y el TCE: la pinza electoral
Más allá de los pasillos de la Asamblea, el control de Noboa acaparó dos frentes vitales electorales para la supervivencia política:
- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
- El Consejo Nacional Electoral (CNE)
Por ejemplo, el TCE utilizó la figura de investigaciones “reservadas” por lavado de activos, lideradas por el fiscal subrogante Carlos Alarcón, para solicitar la suspensión de partidos de oposición como RC y Amigo. Estas acciones se ejecutaron sin audiencias públicas, presentación de pruebas ni el cumplimiento de los plazos legales. Otros casos son:
- Cristian Zamora (Alcalde de Cuenca): sentenciado en primera instancia a seis meses de suspensión de sus derechos políticos y una multa de USD 12.050 por violencia política de género. Zamora —quien lideraba las encuestas en su ciudad— quedó impedido de buscar la reelección en noviembre de 2026.
- Procesos de cancelación: movimientos como Unidad Popular y Construye enfrentaron procesos de eliminación del registro electoral respaldados por inadmisiones de recursos en el TCE. Solo Unidad Popular logró sobrevivir a la desaparición.
Además, el actual presidente del CNE, José Cabrera, impulsó denuncias contra otros partidos como Pachakutik y frenó activamente dos procesos de revocatoria del mandato contra Noboa solicitados por la sociedad civil, alineándose con el discurso oficial de que tales intentos carecen de sustento.
Meses antes, bajo la presidencia de Diana Atamaint, el CNE resolvió adelantar las elecciones seccionales previstas para 2027 al 29 de noviembre de 2026, al argumentar posibles afectaciones derivadas de un escenario climático adverso asociado al fenómeno de El Niño. La decisión se produjo en medio de la suspensión por nueve meses de la RC, una medida que dejó al movimiento sin posibilidad de participar con su propia organización política en los comicios adelantados.
Judicatura y Fiscalía: la justicia que blinda al Ejecutivo
A través de una serie de movimientos en el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General, el Gobierno logró consolidar un entorno que no solo evita incomodar al mandatario, sino que actúa con celeridad frente a sus detractores.
A modo de ejemplo, el control sobre la justicia se hizo evidente con la gestión de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura. A pesar de que la jueza Nubia Vera denunció recibir presiones —incluyendo un pendrive con una sentencia ya escrita— para fallar contra la exvicepresidenta Verónica Abad, el bloque oficialista ADN se negó a suscribir el pedido de juicio político contra Godoy en el Parlamento.
Sin embargo, Godoy finalmente dimitió antes de ser censurado en el Pleno por otro escándalo que involucraba al exjuex anticorrupción Carlos Serrano. Él denunció haber recibido presuntas presiones desde la Judicatura por parte de Henry Gaibor, mano derecha de Mario Godoy, para favorecer al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos. La presión ciudadana y política obligó a ADN a respaldar el enjuiciamiento, así lo manifestó la oposición.
Tiempo después, el Ejecutivo intervino mediante una suspensión administrativa que impidió que Alexandra Villacís asumiera la presidencia del organismo. Ella debía liderar la Judicatura tras la renuncia de Godoy, no obstante, el impedimento para ejercer cargos públicos fue levantado por el Ministerio de Trabajo únicamente después de que Villacís presentara su renuncia.
El círculo se cerró con el ascenso de Mercedes Caicedo a la presidencia del organismo judicial, cuya primera acción de relevancia fue la destitución de la jueza Vera.
En paralelo, bajo la conducción de Carlos Alarcón como fiscal general subrogante, la Fiscalía impulsó con una rapidez que abogados defensores califican como “inusual” varios procesos contra figuras de oposición.
Uno de los casos más visibles es el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, uno de los principales adversarios políticos de Noboa y una de las figuras que mantenía mayores posibilidades de mantenerse al frente de la ciudad en las próximas seccionales. En ese contexto, Alvarez ya fue sentenciado a tres años de prisión en el denominado caso Grillete. Además, enfrenta otros dos procesos:
- El primero es el caso Goleada, que investiga un presunto esquema de lavado de activos que involucra al burgomaestre y a varios integrantes de su entorno familiar.
- El segundo es el caso Triple A, relacionado con una presunta red de comercialización irregular de combustibles, cuya resolución aún está pendiente por parte del Tribunal de Garantías Penales.
Dentro de esta última causa, la Fiscalía solicitó la pena máxima de seis años y nueve meses de prisión para los procesados señalados como autores del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de derivados de hidrocarburos.
Asimismo, el mismo Alarcón impulsó la proscripción de los movimientos Revolución Ciudadana y Amigo, solicitando su suspensión basándose en investigaciones reservadas.
Cpccs: la pieza congelada
Bajo la gestión actual, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), encargada de designar a las más altas autoridades de control, parece haber entrado en un estado de parálisis. Varios procesos están rezagados.
En concreto, a pesar de que el Cpccs tiene la responsabilidad constitucional de nombrar al fiscal titular del Estado, el proceso avanza lento. Mientras los concursos para esta y otras designaciones permanecen estancados, el actual fiscal subrogante, Carlos Alarcón —cuya gestión ha sido cuestionada por su cercanía al Gobierno—, continúa en funciones.
Asimismo, el control de Noboa sobre el Cpccs también se manifiesta en sus intentos por modificar su estructura y competencias. Tras el fracaso de su propuesta para eliminar la entidad en la pasada consulta popular, el mandatario explora nuevas vías para quitarle la facultad de designar autoridades.
La intención detrás de este movimiento sería trasladar esa potestad, vía referéndum, a la Asamblea Nacional, una instancia donde el oficialismo ya consolidó un poder total.
Radio Pichincha
LV