La Paz, Bolivia — Las protestas sociales que sacuden Bolivia desencadenaron un fuerte roce diplomático con Colombia. Este miércoles, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, anunció la expulsión de la embajadora Elizabeth García y su declaración como “persona non grata”, tras los reiterados pronunciamientos del presidente colombiano Gustavo Petro en apoyo a las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz.
En una entrevista televisiva, Aramayo explicó:
“Efectivamente, la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana, así como el endoso que hace el movimiento político desestabilizador de la democracia”.
El canciller precisó al canal Unitel que en las próximas horas se emitirá un comunicado oficial con la postura formal del Estado boliviano.
La medida responde a que Petro expresó su respaldo a las movilizaciones sociales y al expresidente Evo Morales (2006-2019) en al menos siete publicaciones realizadas la última semana en su cuenta de X.
El mandatario colombiano calificó las protestas, que mantienen cercada la ciudad de La Paz desde hace dos semanas, como “una insurrección popular” en respuesta a “la soberbia geopolítica”. En otro mensaje, escribió:
“Siempre estar al lado del pueblo. Bolivia se pone al frente de la lucha por la dignidad latinoamericana”.
Además, Petro se ofreció para mediar en el conflicto entre el gobierno de Paz y los movimientos sociales:
“Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.
Sin embargo, la Cancillería boliviana ya había descartado cualquier mediación internacional para solucionar sus disputas internas, luego de que las protestas captaran la atención global. Al menos ocho países latinoamericanos, además del gobierno de Estados Unidos y más de 30 expresidentes de América y España, manifestaron su preocupación por los estallidos sociales en Bolivia.
En ese contexto, este miércoles el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue convocado para analizar la situación boliviana.
Bolivia atraviesa una espiral de conflictos que comenzaron a principios de mayo con demandas sectoriales específicas: aumentos salariales, mejoras en la calidad del combustible y el rechazo a una ley que autorizaba reformas agrarias. Aunque el Gobierno logró neutralizar algunos focos de tensión mediante acuerdos sindicales, indígenas del altiplano iniciaron bloqueos de caminos para exigir la renuncia de Paz.
A dos semanas de los primeros piquetes, las protestas se masificaron y extendieron territorialmente. También hubo desbordes de violencia el lunes, cuando tres marchas —incluida la de seguidores del expresidente Morales— confluyeron en La Paz y se enfrentaron con la Policía. Medios locales reportaron destrozos en instituciones públicas, agresiones físicas a ciudadanos y saqueos.
La expulsión de la embajadora colombiana eleva la tensión en un conflicto que hasta ahora se mantenía en el plano nacional y podría agravar la disputa con quienes cuestionan la política exterior de la administración de Paz. Desde que asumió el gobierno en noviembre pasado, las relaciones internacionales de Bolivia han dado un giro, acercándose a países como Estados Unidos e Israel, con los que no se tenían relaciones diplomáticas plenas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Este roce diplomático es el tercero en el último mes. Anteriormente, hubo un impasse con los embajadores de Irán y Rusia, quienes asistieron a la posesión del gobernador de Cochabamba, el dirigente cocalero y leal seguidor de Morales, Leonardo Loza, un gesto que analistas interpretaron como un posicionamiento político frente al nuevo contexto.
Fuente: Infobae