Aspiraciones de 21 postulantes eliminados del concurso para elegir al fiscal general dependen de los votos de los consejeros de Participación Ciudadana

De los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dependerá que 21 personas sigan participando o dejen definitivamente en el concurso de selección del titular de la Fiscalía General del Estado, institución encargada de dirigir de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal.

De 27 personas que se postularon para participar en el concurso público de méritos, impugnación y oposición para elegir al fiscal general quedaron, por ahora, cinco, luego de que la comisión ciudadana —que es un cuerpo colegiado compuesto de diez personas y que es la encargada de desarrollar el concurso— descalificó a 21 de 26 (uno renunció) participantes en una sesión que se realizó el 6 de octubre de 2026.

Los comisionados aceptaron 25 impugnaciones que presentaron actores de la sociedad civil en contra de los 21 aspirantes, a los que acusaban de no gozar de probidad notoria ni ética para ejercer este cargo.

Entre los 21 eliminados de la competencia está Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que tenía un puntaje de 48/50 en la calificación de la carpeta de méritos, lo que la ubicaba en el primer puesto de la lista.

Asimismo, Inés Romero, jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con 47,25/50 en méritos; y Walter Macías, exjuez de la CNJ, que tenía 46 puntos.

Ellos y otros 18 participantes podrán apelar la decisión de la comisión ante el pleno del CPCCS, que resolverá en última instancia.

Previamente, los recursos de apelación los analizará un grupo de abogados y asesores del Consejo de Participación Ciudadana, que entregará un informe no vinculante con recomendaciones para que decidan los siete consejeros.

El reglamento para elegir a esta autoridad da esa disposición a la Coordinación de Asesoría Jurídica, cuya coordinadora es Josselyn Giler Vélez, una abogada oriunda de Manabí.

La norma señala que las apelaciones deben enviarse a la Secretaría General, que, a la vez, las trasladará a la Coordinación Jurídica para que analice los pedidos y elabore un informe con sus recomendaciones.

Este procedimiento tomará unos diez días, de acuerdo con los términos recogidos en ese texto. Es decir, una vez que la comisión notifique a los 21 participantes de su descalificación, correrán tres días hábiles para que se presenten los recursos de apelación.

Estos escritos se enviarán en el término de un día a la Secretaría General del CPCCS, que los reenviará en un día a la Coordinación Jurídica, y esta última tendrá tres días para elaborar su informe no vinculante.

Este documento se remitirá a la presidencia del Consejo (Andrés Fantoni) para que se lo remita a los consejeros, quienes tendrán dos días para analizar los argumentos antes de resolver “en mérito de los expedientes”.

La decisión del pleno será de única y definitiva instancia y se notificará a la comisión ciudadana y a las partes (impugnados e impugnantes).

En caso de ser aceptada la impugnación, el postulante será descalificado y no podrá continuar con el proceso, dice el reglamento.

Esto se resolverá en una sesión a la que convoque la presidencia del CPCCS, en la que cualquiera de los consejeros puede proponer una moción para aceptar o rechazar el recurso de apelación.

Dicha moción requerirá del voto de mayoría o unanimidad para aprobarse; es decir, cuatro o más votos, o siete votos de los vocales que integran el cuerpo colegiado, que son Nicole Bonifaz, Piedad Cuarán —que actúan individualmente—, David Rosero, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, Jhonny Escobar y Andrés Fantoni.

Antes de cerrar esta fase del proceso, el CPCCS debe conocer un informe final de los comisionados sobre las actividades realizadas en la impugnación ciudadana.

Con ello, el concurso pasará a la antepenúltima etapa: la rendición de un examen de conocimientos y la exposición de un caso práctico sobre las funciones de la Fiscalía, puntuados sobre un total de 50 puntos que se sumarán a la nota de méritos valorada sobre otros 50.

Quien obtenga el más alto puntaje asumirá la Fiscalía para un periodo de seis años. (I)

FUENTE EL UNIVERSO

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