La justicia francesa dio un giro contundente al caso del vuelo AF447 de Air France. El Tribunal de Apelación de París emitió una sentencia que condena a la aerolínea Air France y al fabricante aeronáutico Airbus por homicidios involuntarios en relación con el accidente ocurrido en junio de 2009. Aquella madrugada, el avión que cubría la ruta entre Río de Janeiro y París se precipitó al océano Atlántico, causando la muerte de las 228 personas que viajaban a bordo. Esta resolución revoca la absolución que ambas compañías habían obtenido en primera instancia durante el año 2023, y ahora las señala como las “únicas responsables” de la mayor catástrofe aérea en la historia de Francia.
El tribunal ha decidido imponer a las dos empresas la multa máxima que la ley contempla para personas jurídicas en procesos penales de este tipo: 225.000 euros para cada una. Este dictamen se produce después de que la Fiscalía francesa cambiara su postura inicial y, en la fase de apelación, solicitara expresamente la condena de ambas compañías. Los fiscales argumentaron que había negligencias demostradas que contribuyeron de manera directa al siniestro.
Esta decisión representa un cambio de rumbo judicial en un caso que durante más de una década ha enfrentado a los familiares de las víctimas con la aerolínea y el fabricante europeo. En abril de 2023, el tribunal correccional de París había absuelto a Air France y a Airbus. En aquella ocasión, los jueces reconocieron que existieron “imprudencias” y “negligencias”, pero consideraron que no estaba suficientemente probado un vínculo causal directo entre esos errores y la tragedia. Pese a la absolución penal, sí se estableció entonces la responsabilidad civil de las dos compañías.
Ahora, la instancia de apelación sostiene que sí existe una relación directa entre las deficiencias detectadas y la secuencia de acontecimientos que llevaron a la caída del avión en mitad del Atlántico. La Fiscalía, durante el proceso, defendió que las faltas de Airbus y Air France estaban “caracterizadas” y que contribuyeron “de forma cierta” a que el accidente ocurriera.
En los alegatos finales del juicio, los fiscales fueron especialmente duros al calificar la actitud de las empresas. Señalaron que “no hubo nada, ni una sola palabra de consuelo sincero”, y que se trató de “una defensa de granito”. En una frase contundente, resumieron: “Una sola palabra resume todo este circo: indecencia”.
Frente a estas acusaciones, Airbus y Air France rechazaron cualquier responsabilidad penal. Su defensa se basó en que el accidente fue el resultado de las decisiones que tomaron los pilotos en una situación extrema de emergencia, en plena noche y con condiciones meteorológicas especialmente adversas.
Un revés judicial significativo
La decisión del tribunal de apelación supone un duro golpe para ambas compañías, que habían conseguido evitar una condena penal en primera instancia. La absolución de 2023 fue severamente criticada por las asociaciones de víctimas y por sectores de la Fiscalía. Esto llevó a que el Ministerio Público modificara su criterio inicial y apostara por reclamar responsabilidades penales directas contra Air France y Airbus.
Durante el proceso, la acusación detalló que Airbus subestimó los problemas relacionados con las sondas Pitot, los dispositivos encargados de medir la velocidad del avión. Según la Fiscalía, existían incidentes previos registrados en otros vuelos, pero el fabricante no reaccionó con la rapidez suficiente para alertar a las aerolíneas ni para impulsar las medidas correctoras urgentes que la situación requería.
En cuanto a Air France, el ministerio público consideró probado que hubo carencias en la formación impartida a los pilotos. Estas deficiencias les impidieron manejar adecuadamente situaciones de pérdida de referencias de velocidad y fallos de las sondas durante vuelos de gran altitud. Además, se reprochó a la aerolínea no haber transmitido de forma adecuada la información sobre esos riesgos a sus tripulaciones.
Los magistrados de apelación respaldaron esta tesis y dieron por probado que las negligencias detectadas tuvieron un papel determinante en el accidente. De esta forma, la sentencia rompe con el criterio de 2023, cuando se consideró que no existía una relación causal “segura” entre los errores y la caída del aparato.
Una condena con alto valor simbólico
La condena tiene, ante todo, un valor simbólico y reputacional para las dos compañías. La legislación francesa limita las penas para personas jurídicas en este tipo de delitos, por lo que la máxima sanción posible era económica. El tribunal ha optado por aplicar la cuantía máxima: 225.000 euros para cada empresa.
A lo largo de todo el proceso judicial, los familiares de las víctimas reclamaron de forma insistente que se reconociera la existencia de responsabilidades penales. Este caso, uno de los accidentes aéreos más graves de la historia reciente de Europa, ha estado bajo investigación durante años y ha generado una larga batalla legal con informes técnicos y discrepancias entre expertos sobre el peso de los fallos humanos y técnicos.
La Fiscalía, durante la vista oral, insistió en que el juicio debía servir como una advertencia para todo el sector aeronáutico. En sus alegatos, los fiscales afirmaron que “esta condena arrojará el oprobio, un descrédito sobre estas dos empresas” y que “debe resonar como una advertencia” para evitar que tragedias similares se repitan.
Fuente: Infobae