Faltando once días para que Juan Carlos Larrea Valencia acabe su periodo de cuatro años como titular de la Procuraduría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el pasado miércoles el reglamento para seleccionar a su reemplazo.
La designación de esta autoridad se suma a la lista de pendientes del Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a los procesos de elección de autoridades de control.
La semana anterior, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, incorporó en una sesión la aprobación del Pleno para instalar una mesa técnica para elaborar el proyecto de reglamento.
Este 4 de noviembre se aprobó la normativa y, con ello, el organismo debe convocar a la ciudadanía a integrar la veeduría ciudadana y solicitar una terna —tres perfiles profesionales— al presidente de la República, Daniel Noboa.
El 20 de octubre de 2022, durante la administración de Hernán Ulloa, el CPCCS designó a Juan Carlos Larrea en ese cargo y tomó posesión en la Asamblea Nacional el 15 de noviembre de ese año.
La Constitución establece que un procurador debe estar en funciones cuatro años, por lo que el periodo de Larrea concluiría este 15 de noviembre.
En ese contexto, la normativa recién aprobada dispone que el Consejo de Participación Ciudadana solicitará al presidente de la República una terna “antes de la finalización del periodo de gestión de la autoridad en funciones, con al menos quince días de anticipación”.
El mandatario tendrá un término de diez días, posteriores a la solicitud del CPCCS, para enviar su terna que debe cumplir criterios de especialidad, interculturalidad y méritos.
Adicionalmente, según la carta política, los postulantes deben acreditar los mismos requisitos que se exigen para ser juez de la Corte Constitucional (CC).
La selección de autoridades a través de ternas enviadas por el Ejecutivo contempla un procedimiento expedito: se solicita la terna al presidente; luego, se integra una comisión técnica (integrada por asesores de confianza de los siete consejeros) que se encarga de revisar que cumplan requisitos y que no estén incursos en prohibiciones legales.
Luego, continúa la impugnación ciudadana en la que la ciudadanía puede objetar a los postulantes por falta de probidad e idoneidad.
Quienes superen estas fases deberán exponer un plan de trabajo para la Procuraduría en el caso de que sean electos; y, la designación, por mayoría de votos de los siete consejeros de Participación o por unanimidad.
Los nominados a ocupar la Procuraduría deben cumplir cinco requisitos principales establecidos en la Constitución que son:
- Ser ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos.
- Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.
- Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años.
- Demostrar probidad y ética.
- No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento político.
Si alguno de los participantes no cumple los requisitos o está incurso en prohibiciones, el CPCCS solicitará al mandatario que remita nuevos perfiles. (I)
Fuente: El Universo