El 17 de junio de 2025, entre las 15.05 y 15.12, los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 –Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso– firmaron el documento que dispuso la detención de Cristina Kirchner. A partir de ese día, y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, debía cumplir la condena impuesta en la causa Vialidad. El próximo miércoles se cumple un año desde que la ex mandataria comenzó de manera efectiva a purgar la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta.
Entretelones de una decisión
La resolución que otorgó la prisión domiciliaria y su notificación a distancia cerró una semana de incertidumbre judicial y mediática que comenzó siete días antes, el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó la condena. Inmediatamente, el tribunal ordenó que Cristina Kirchner y los demás sentenciados se presentaran en Comodoro Py 2002 para ser notificados personalmente y quedar detenidos. Todos ellos pasaron por el sexto piso de Comodoro Py, luego por la alcaidía de la planta baja y finalmente al penal de Ezeiza, a excepción de Lázaro Báez, quien ya se encontraba detenido por otra causa, la denominada “ruta del dinero K”.
La ex presidenta había anunciado que se presentaría el último día del plazo, mientras sus seguidores eran convocados para acompañarla. En los pasillos judiciales, solo se comentaba ese tema; se organizaba un amplio operativo de seguridad y muchos consideraban la posibilidad de trabajar desde casa el día en que Cristina Kirchner acudiera para ser detenida desde Comodoro Py.
No obstante, en la víspera del vencimiento del plazo, los jueces aceptaron el pedido de la defensa y otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Le impusieron una tobillera electrónica y un riguroso régimen de visitas. La decisión se notificó a distancia, anulando la citación presencial. En muchas oficinas hubo alivio.
Desde entonces, CFK permanece detenida en el departamento “D” del segundo piso de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. Allí cumple su condena bajo reglas de conducta que sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionan constantemente ante los tribunales. El 19 de junio de 2025 a las 17.08, se le colocó la tobillera electrónica que ha llevado desde entonces.
En la víspera del primer aniversario, se rechazó una nueva solicitud para liberarla del monitoreo electrónico y flexibilizar el régimen de visitas. Este nuevo incidente ahora será tratado por la Cámara Federal de Casación.
Balcón, visitas y terraza
Durante este año, la ex presidenta ha salido para visitas médicas. A fines de 2025, sufrió una peritonitis y fue internada y operada de urgencia. También regresó a los tribunales para su declaración indagatoria en el caso Cuadernos el 17 de marzo. Todas estas salidas contaron con autorización judicial.
La primera controversia tras su detención fue el conflicto por las salidas al balcón de San José 1111, resuelto dos días después con una “aclaratoria”. La regla de conducta establecía que la condenada debía
“abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitante”.
¿El balcón estaba dentro o fuera de ese límite? Fue un tema de debate público, como señaló su defensa ante el Tribunal.
“A fin de despejar cualquier duda sobre el alcance de la referida norma de conducta impuesta, debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”,
explicaron los jueces en una aclaratoria. Además, solicitaron criterio, prudencia y sentido común para “discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua” y en cuál podría perturbar la tranquilidad del barrio. Así quedó resuelta la cuestión del balcón, y la ex presidenta pudo desde entonces salir a saludar a sus seguidores.
El segundo foco de conflicto inmediato fueron las visitas. Salvo una lista reducida de personas de su círculo cercano, todos los demás debían solicitar permiso judicial. Hacia fines de junio de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 recibió alrededor de mil correos electrónicos con solicitudes para ver a la ex presidenta. Estos se pusieron a disposición de la defensa para que los gestionara. También esa semana, diputados y senadores plantearon visitarla sin permiso previo, amparándose en sus fueros. El juez de ejecución de la condena durante 2025, Jorge Gorini, autorizó, por ejemplo, la visita del presidente de Brasil Lula Da Silva a San José 1111 el 3 de julio de 2025.
Los economistas
Tras apelaciones infructuosas, los meses siguientes fueron de relativa calma, y un primer informe trimestral favorable mantuvo las reglas de conducta iniciales.
Sin embargo, el 17 de noviembre, la ex presidenta publicó en su cuenta de X una foto de una reunión con nueve economistas. Si bien se había otorgado permiso para esas visitas, la defensa no mencionó que concurrirían simultáneamente.
“Esto último, sin más, convierte la reunión efectivamente realizada en un acto efectuado sin la debida autorización”, concluyó el juez Gorini. Mantuvo el permiso general para el ingreso sin autorización previa de allegados, pero ordenó que, para los demás, se debía solicitar autorización individual con motivos concretos, fecha y hora. Además, impuso una duración máxima de dos horas, hasta dos veces por semana, con un máximo de tres personas por visita. La defensa apeló, pero los recursos no prosperaron. A esto se sumó, el 17 de diciembre, el permiso para subir a la terraza del edificio dos horas al día. Bajo estas reglas, la ex presidenta continúa detenida actualmente.
Fuente: Infobae