El reconocido jurista especializado en derecho penal, Iván Cancino, ha manifestado públicamente su desacuerdo ante la reciente solicitud formulada por la fiscal Lucy Laborde. Durante una audiencia preparatoria de juicio centrada en Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del mandatario Gustavo Petro, la delegada del ente acusador pidió la incorporación de un elemento probatorio controversial. Cabe recordar que el procesado enfrenta una investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La petición específica de la Fiscalía General de la Nación consiste en que se admita como prueba oficial la entrevista que Petro Burgos concedió a la revista Semana durante el año 2023. En dicho espacio periodístico, el acusado se refirió a la recepción de fondos de origen irregular y su supuesta infiltración en la campaña presidencial de su padre en el año 2022.
Según los argumentos presentados por la fiscal Laborde, esta entrevista fue realizada de manera autónoma, sin que mediara la intervención de la Fiscalía, lo que la calificaría como un acto libre y voluntario por parte del implicado. Al respecto, la funcionaria explicó en la diligencia:
“Tiene un testigo de acreditación, porque el testigo con quien ingresará al juicio la recolectó y manifestará ante su señoría cómo la recolectó, dónde la encontró. Dará fe de la autenticidad en la recolección de es, de esa entrevista a la revista Semana”.
No obstante, el abogado Iván Cancino calificó esta estrategia del ente acusador como un movimiento que vulnera las garantías procesales de Nicolás Petro. Para el experto, aunque las declaraciones publicadas en medios de comunicación podrían tener usos específicos en un estrado judicial, no deberían ser catalogadas como pruebas directas dentro del juicio oral.
A través de sus canales digitales, Cancino fue enfático en señalar lo que considera una anomalía jurídica dentro del proceso:
“Que la Fiscalía pretenda desconocer una garantía procesal en este caso es increíble. A lo sumo podrían ser para refrescar memoria o impugnarla credibilidad y dudo mucho que aún así pudieran valerse. Pero recuerden que hay por ahí una decisión que pretende que estas declaraciones sean válidas. Para allá vamos en el país donde la desigualdad de armas ya es principio rector”.
Por su parte, el abogado defensor de cabecera de Petro Burgos, Alejandro Carranza, también intervino en la audiencia para solicitar formalmente la exclusión de este material periodístico. Su argumento se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sugiriendo que permitir esta evidencia sentaría un precedente negativo y contrario a la ley colombiana.
Carranza manifestó ante el juez de la causa:
“Desde el punto de vista legal, su señoría, es inadmisible que los dichos de una persona que busca un principio de oportunidad puedan servir de evidencia (…) Entre eso, lo que aparece en la revista Semana como una entrevista (…).Entonces, su señoría, que entre como prueba esa entrevista significa que entra por la puerta de atrás lo que la Corte Constitucional ha cerrado para siempre”.
Contexto de las declaraciones de Nicolás Petro
En el centro de la controversia jurídica se encuentra el contenido de lo que Nicolás Petro admitió ante la revista Semana. Durante el encuentro, el procesado reconoció haber participado en actividades ilícitas relacionadas con el manejo de capitales de dudosa procedencia junto a su exesposa, Daysuris Vásquez, quien fue la persona que inicialmente reveló el entramado.
El procesado fue claro al desvincular al presidente Gustavo Petro de estas irregularidades, así como a Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña y actualmente preside la estatal Ecopetrol. En su testimonio ante el citado medio, Petro Burgos declaró textualmente:
“Yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía. Que se sepa la verdad, y, bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”.
De esta manera, la defensa técnica busca impedir que estas confesiones periodísticas se conviertan en pruebas reinas dentro del juicio, alegando que fueron emitidas en un contexto de búsqueda de un principio de oportunidad que no debe ser utilizado para perjudicar los derechos fundamentales del investigado.
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