El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del denominado ‘caso Plus Ultra’. La decisión, tomada el pasado martes, se sustenta en múltiples evidencias que apuntan a la existencia de una “estructura jerarquizada” dedicada al tráfico de influencias. Según el auto judicial, dicha red habría operado mediante pagos irregulares, mensajes entre los implicados y la creación de sociedades off-shore en el extranjero.
La investigación se centra en el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno aprobó en 2021 para la aerolínea Plus Ultra. El juez Calama investiga si Zapatero ejerció alguna influencia ilícita para facilitar dicha concesión a cambio de compensaciones económicas. En su resolución, el magistrado sostiene que los directivos de la aerolínea intentaron obtener la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.
El rol de Zapatero y su entorno en la trama
El auto judicial señala directamente al expresidente socialista como uno de los “beneficiarios finales de la operativa”. Según Calama, se han detectado “transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos”, lo que, a su juicio, “refirma la utilización personal de los fondos obtenidos”.
El magistrado ha citado a Zapatero para que declare como investigado el próximo 2 de junio. La decisión se basa en un exhaustivo auto de más de 80 páginas que detalla los indicios recabados.
‘Los Julios’: los presuntos colaboradores del expresidente
En el centro de la pesquisa se encuentra Julio Martínez Martínez, dueño de la empresa Análisis Relevante y amigo personal del expresidente. Martínez Martínez fue detenido el pasado diciembre junto con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Roberto Roselli, director ejecutivo de la aerolínea.
El juez Calama describe a Zapatero como el “líder” de una estructura de tráfico de influencias. De Julio Martínez Martínez, dice que era su colaborador “de confianza” y el “responsable de la captación de clientes y de la gestión operativa de los encargos”.
La presunta red incluye también a María Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, quien supuestamente se encargaba de la elaboración y cobertura formal de la documentación; y a Cristóbal Cano, presunto gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc.
Comunicaciones internas y mensajes reveladores
La investigación ha hallado evidencias de comunicación constante entre los implicados. El auto indica que “José Luis Rodríguez Zapatero lleva a cabo participación activa y directa en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante”, lo que se constata a través de un chat grupal denominado “AR”.
El juez subraya que Martínez Martínez eliminó “de manera sistemática” algunos mensajes que había enviado a Zapatero. Sin embargo, estas comunicaciones han podido ser recuperadas porque Martínez las habría reenviado a otras personas, incluyendo a empresarios venezolanos.
En otro de los mensajes analizados, fechado en mayo de 2020, Roselli instó a otro directivo a “no hablar directamente” con Zapatero, sino con su “lacayo”, en clara alusión a Julio Martínez Martínez. Adicionalmente, Martínez Sola escribió: “Recibí llamada de Julio Martínez —en referencia al amigo del expresidente—. Cuando estés con el café me llamas”.
De los mensajes también se desprende que en enero de 2021 se suscribió un contrato de prestación de servicios de asesoramiento entre una empresa de Julio Martínez Martínez y Plus Ultra. Dicho contrato estipulaba como remuneración “el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate (641.300 euros)”.
Zapatero y sus hijas habrían recibido cerca de 2 millones de euros
El magistrado sostiene que la presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
La red se apoyaba en diversas sociedades con funciones diferenciadas:
- Análisis Relevante e Idella Consulenza, representadas por Martínez Martínez.
- What The Fav, administrada por las hijas del expresidente.
- Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, que “constituye un punto de entrada de fondos extranjeros simulados como ampliaciones de capital”.
- Otra media docena de empresas presuntamente implicadas en el flujo de dinero.
El juez indica que el expresidente habría dado instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái con la participación de su secretaria. El plan de negocio de esta firma preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años y estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica.
La proximidad temporal entre el contrato con Plus Ultra y el inicio de gestiones para crear una de las empresas off-shore —apenas siete días de diferencia—, sumado a la ausencia de pagos en España, lleva al juez a concluir que la sociedad pudo haberse creado para canalizar ese cobro.
Según el auto, Zapatero habría recibido 1.525.078 euros procedentes de Análisis Relevante y del resto de empresas investigadas. Además, las mismas sociedades pagaron a What The Fav un total de 423.779 euros. En total, Calama cifra los fondos recibidos por el “entorno” del expresidente en 1.948.857 euros.
Cifras de negocio “incongruentes”
La investigación se apoya, entre otros elementos, en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, fechado el 25 de febrero de 2026. Dicho informe revela que Inteligencia Prospectiva, administrada solidariamente por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, inició sus operaciones en 2020.
La empresa presenta un “elevado volumen de movimientos en cuenta”, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025. Sin embargo, registra un déficit de 847.401,53 euros y ha tenido que recurrir a sucesivas ampliaciones de capital por 698.500 euros.
El juez califica esta situación como “incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021 y claramente reducida en los años posteriores”. También considera “reseñable que la entidad no haya solicitado la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, pese al significativo volumen de gastos declarados y a su situación financiera deficitaria”.
Entre los pagos realizados por Inteligencia Prospectiva, destacan los efectuados a Análisis Relevante (380.208 euros), Gate Center (266.200 euros) y a What The Fav (561.440 euros), empresa de marketing de las hijas de Zapatero que fue registrada el pasado martes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Cuenta compartida con su esposa recibió 1,5 millones
El auto revela que el expresidente y su esposa, Sonsoles Espinosa, son titulares de una cuenta bancaria que recibió un total de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025, a través de transferencias realizadas por diferentes entidades bajo sospecha en el ‘caso Plus Ultra’.
El magistrado sostiene que en dicha cuenta “constan abonos” de Análisis Relevante por importe de 490.780 euros entre 2020 y 2025, cantidad que el juez ha ordenado bloquear. El resto de transferencias, según Calama, “procederían del pago de facturas por la prestación de servicios derivados de su actividad actual”, es decir, conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico y actividades de análisis, reflexión y docencia en geopolítica.
Fuente: Infobae