En el marco del proceso de fiscalización a la Red Pública Integral de Salud, la Comisión del Derecho a la Salud sesionó en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para recibir información del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la política de prevención de la desnutrición infantil, así como sobre los procesos de calificación y recalificación de personas con discapacidad y la entrega de ayudas técnicas.
Catalina Carvajal, directora de Alimentación Saludable y Nutrición, explicó que la estrategia se ejecuta bajo un modelo de presupuesto por resultados y priorización territorial con enfoque de equidad. Señaló que el plan contempla el fortalecimiento del esquema completo y oportuno de vacunación, el incremento de controles prenatales y del niño sano, la dotación de micronutrientes y libretas integrales de salud, mejoras en conectividad e infraestructura para el seguimiento nominal de gestantes y niños, así como intervenciones focalizadas en parroquias con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil mediante mesas intersectoriales y vigilancia comunitaria.
Según las cifras expuestas, la cobertura de controles prenatales pasó de 74,6 % en 2021 a más del 91 % en 2025, lo que evidencia una mejora sostenida en el acceso y seguimiento. El MSP informó que la meta nacional es reducir la prevalencia de desnutrición crónica infantil a menos del 15 % en menores de dos años hasta 2030, con una disminución anual estimada de entre 0,8 y 1 punto porcentual. Además, en febrero de 2025 se expidió la Ley de Prevención y Erradicación de la Malnutrición, que amplía el abordaje hacia la anemia y la desnutrición aguda.
Durante la sesión también se abordó el proceso de calificación y recalificación de personas con discapacidad. Omar Torres, subsecretario nacional de Redes de Atención Integral en Primer Nivel, detalló que el MSP es el ente rector de este proceso desde 2013. Con corte al 24 de febrero de 2026, se registran 55.241 personas calificadas. El país cuenta con 110 equipos calificadores integrados por médico, psicólogo y trabajador social, además de nueve equipos zonales de monitoreo y control para garantizar la transparencia.
En cuanto a ayudas técnicas, entre 2024 y 2025 se entregaron 28.623 ayudas de movilidad, 9.889 dispositivos auditivos y 835 órtesis y prótesis. El presupuesto 2025 para este componente fue de USD 6,16 millones, ejecutado al 100 %, mientras que para 2026 se prevé una asignación de USD 12,1 millones.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, destacó la importancia de contar con información técnica para el tratamiento de proyectos relacionados con obesidad, diabetes y salud pública. Los legisladores plantearon inquietudes sobre la ejecución presupuestaria, la infraestructura hospitalaria, la disponibilidad de insumos y la coordinación interinstitucional. El MSP ratificó que la política se articula con otras carteras de Estado y que existe una estructura formal de gobernanza con participación de la sociedad civil y la academia.
La Comisión continuará el proceso de fiscalización para verificar el cumplimiento de metas, la ejecución presupuestaria y la mejora real en la calidad de los servicios de salud en territorio.
RSA