El Gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves que al menos uno de los cuatro fallecidos y uno de los seis ciudadanos heridos en una embarcación interceptada por la Guardia Costera de Cuba poseen nacionalidad estadounidense. Respecto a los demás ocupantes, las autoridades indicaron que podrían tratarse de residentes legales permanentes en territorio norteamericano.
Los hechos violentos se registraron el pasado miércoles en las inmediaciones de Cayo Falcones. El incidente involucró a una lancha rápida proveniente del estado de Florida, la cual, según la versión oficial de las autoridades cubanas, intentaba ingresar al país de forma clandestina.
De acuerdo con los reportes, la nave fue interceptada por cinco integrantes de las Tropas Guardafronteras de Cuba. En el proceso de identificación, se habría desatado un intercambio de disparos. La administración de La Habana sostiene que los tripulantes de la lancha iniciaron el ataque armado, lo que derivó en la muerte de cuatro individuos y lesiones en otros seis, quienes permanecen bajo custodia.
El Ministerio del Interior de Cuba hizo pública la identidad de las víctimas mortales: Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.
Por su parte, la lista de personas que resultaron heridas y posteriormente detenidas incluye a Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordan Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila.
Adicionalmente, el régimen liderado por Miguel Díaz-Canel emitió una corrección sobre información previa, aclarando que el ciudadano Rolando Roberto Azcorra Consuegra no estuvo involucrado en estos acontecimientos, tras haber sido mencionado erróneamente en un primer momento.
Información proporcionada por fuentes gubernamentales estadounidenses detalla que al menos uno de los sujetos a bordo contaba con una visa K-1. Este documento legal permite que ciudadanos extranjeros que son prometidos de estadounidenses ingresen y residan en el país con fines matrimoniales.
En cuanto al origen de la embarcación registrada en Florida, su propietario, un ciudadano de 65 años, interpuso una denuncia ante la Oficina del Sheriff del condado de Monroe. El afectado aseguró que el bote fue sustraído sin permiso de su muelle privado en los Cayos, señalando directamente a un antiguo empleado como el responsable del robo.
Las autoridades del Ministerio del Interior cubano aseveraron que los ocupantes portaban un arsenal compuesto por fusiles de asalto, pistolas, artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, chalecos de protección balística y uniformes tácticos. Según la postura oficial de la isla, el objetivo de la expedición era ejecutar una “infiltración con fines terroristas”.
Sumado a lo anterior, se reportó el hallazgo de dispositivos explosivos de fabricación casera y equipo militar diverso dentro de la nave. El gobierno cubano enfatizó que gran parte de los implicados cuenta con un historial relacionado a actos violentos y criminales.
Desde la Embajada de Cuba en Washington se informó que dos de los capturados, específicamente Sánchez González y Cruz Gómez, eran requeridos por la justicia de su país. Sus nombres figuraban en listas entregadas a Estados Unidos entre los años 2023 y 2025 por presuntos vínculos con actividades de terrorismo.
Reacciones e investigación diplomática
Ante la gravedad de lo ocurrido, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó que se ha iniciado una investigación exhaustiva y que existe un canal de comunicación abierto con los funcionarios cubanos para esclarecer el caso.
“Queremos saber exactamente qué ocurrió y responderemos en consecuencia”, manifestó Rubio.
En esa misma línea, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, expresó que hay una voluntad compartida entre ambas naciones para cooperar en las indagaciones pertinentes.
Este suceso tiene lugar en un periodo de alta sensibilidad diplomática, influenciado por las recientes medidas de la administración de Donald Trump, que incluyen nuevos aranceles y el endurecimiento de la política migratoria hacia la isla. Tanto la Casa Blanca como el aparato de seguridad cubano ratificaron que las investigaciones siguen su curso y se utilizarán los protocolos bilaterales para el intercambio de datos.
Hasta el momento, Washington ha mantenido bajo reserva las identidades totales de todos los involucrados y las motivaciones exactas de su presencia en aguas jurisdiccionales cubanas. Mientras tanto, los seis sobrevivientes continúan bajo arresto en Cuba a la espera de que se defina su situación jurídica.
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