La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana avanza en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ocasión, recibió los aportes de representantes de Unicef y ChildFund International.
David Simon, de Unicef, recordó que la organización trabaja en Ecuador desde hace 53 años y subrayó que el reclutamiento constituye una de las peores violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que requiere un abordaje integral.
Por su parte, el especialista en protección José Guerra informó sobre un estudio que revela que un alto porcentaje de víctimas ha sufrido violencia previa en sus hogares. Precisó que esta problemática afecta principalmente a niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.
Además, destacó que las reformas a varios cuerpos legales deben responder al principio del interés superior del niño y que la propuesta recoge el principio de no criminalización, en concordancia con estándares internacionales.
En comisión general, la directora país de ChildFund International, María Villagómez, valoró que el proyecto reconozca el reclutamiento como una grave violación de derechos, incorpore una perspectiva completa y multisectorial, incluya la protección en entornos digitales y fortalezca el principio de no criminalización.
Entre los aportes de ChildFund, Grace Vásquez planteó fortalecer aspectos como la prevención territorial y operativa, la gobernanza multimodal, el entorno digital, la autonomía progresiva como eje normativo, la justicia especializada y un enfoque integral en el sistema judicial.
Asimismo, sugirió que el objeto de la ley incluya la implementación de mecanismos de prevención territorial, sistemas de alerta temprana, atención integral y procesos de reintegración social, con enfoque de derechos, género, ciclo de vida y participación.
También propuso que los prestadores de servicios digitales implementen sistemas de detección, prevención y reporte de riesgos de reclutamiento, así como mecanismos accesibles de denuncia y respuesta inmediata, en coordinación con las autoridades competentes.
La presidenta de la comisión, Diana Jácome, manifestó que es acertado el enfoque de articulación entre el Estado y los gobiernos seccionales, así como la implementación de protocolos en las casas de acogida y el fortalecimiento de los mecanismos de alerta temprana y prevención. Además, anunció el trabajo en mesas técnicas.
AM