“Pablo” fue el nombre con el que se identificó la persona que llamó al 1800-DELITO para alertar sobre una supuesta red que operaría desde hace 11 años en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y que habría causado un perjuicio de USD 300 millones al Estado mediante la alteración de planillas de energía eléctrica.
Un parte policial señala que “Pablo” habría proporcionado 23 nombres de funcionarios presuntamente implicados en esta trama de corrupción. Sin embargo, debido a fallas en el sistema de denuncias telefónicas, la llamada no fue grabada.
Los señalados pertenecerían a:
- Ocho personas que laborarían en la Unidad de Negocio Guayaquil
- Cuatro de la Unidad de Negocio Santa Elena
- Tres presuntamente vinculadas a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel)
- Seis de la planta central de CNEL
- Dos de la Unidad de Negocio Centro Sur, que no pertenece a CNEL, sino a esa distribuidora con sede en Cuenca
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, indicó que durante el operativo realizado el 28 de abril de 2026 —en el que también participó el presidente de la República, Daniel Noboa— se retuvo a 46 personas, quienes fueron liberadas el mismo día a las 21:00.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la intervención apunta a una red que habría manipulado durante años los sistemas de facturación eléctrica para beneficiar ilegalmente a determinados usuarios, alterar planillas, eliminar deudas, emitir refacturaciones irregulares y generar millonarios perjuicios económicos al Estado y a miles de ciudadanos.
Según las primeras investigaciones, respaldadas por información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Centro Nacional de Inteligencia, funcionarios de niveles operativos e inferiores estarían involucrados en esta presunta red, algunos con patrimonios superiores a USD 3 millones, pese a percibir salarios básicos.
No obstante, según recogió diario El Universo, uno de los trabajadores de CNEL con más de tres décadas de servicio afirmó que el sistema de facturación no permite modificaciones arbitrarias por parte de cualquier empleado, ya que está restringido por niveles de autorización.
Otras fuentes describieron el flujo interno del sistema:
- Un empleado de atención al cliente ingresa con su clave, elabora un expediente con la información del usuario y lo remite a un superior.
- El superior revisa el caso, añade observaciones y lo eleva a instancias con mayor nivel de autorización, donde se toman las decisiones sobre ajustes en los valores facturados.
Asimismo, se cuestionó la participación de empleados con uno o dos años de antigüedad en una red que, según las denuncias, operaría desde hace más de una década.
Respecto a los mandos medios y altos, los trabajadores no descartaron posibles responsabilidades, pero señalaron que corresponde a las autoridades judiciales determinarlo.
Pese a ello, reconocieron que en la empresa existen casos de irregularidades. “Como en todos lados, hay buenos y malos”, concluyeron.
Radio Pichincha