Un exnarcotraficante colombiano que actúa como testigo protegido de la DEA presentó una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El denunciante, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, aseguró haber declarado ante fiscales estadounidenses sobre supuestos aportes irregulares a campañas políticas del mandatario y denunció una persecución judicial en su contra desde Colombia, según documentos a los que accedió la revista Semana.
Álvarez Meyendorff, quien fue perseguido por narcotráfico tanto en Colombia como en EE.UU., señaló directamente al presidente:
“El señor presidente Gustavo Francisco Petro ha estado involucrado en el direccionamiento de los procesos de extinción de dominio y lavado de activos en contra de mi hermano y las personas cercanas a él. Este direccionamiento ha sido causado teniendo en cuenta que yo, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, soy testigo en contra de él en Estados Unidos”.
Tras cumplir condena en Estados Unidos y permanecer bajo protección de la DEA, el exnarco afirma que su cooperación con esa entidad lo ha convertido en blanco de investigaciones y medidas judiciales en su país natal.
El exnarcotraficante señaló que ha declarado en al menos 3 ocasiones ante fiscales de Nueva York sobre posibles financiamientos en dólares a las campañas de Gustavo Petro. Sostiene que estos aportes habrían motivado acciones judiciales en su contra y contra sus familiares en Colombia.
Perfil del exnarco y su vínculo con la junta del narcotráfico
Juan Fernando Álvarez Meyendorff figuró como miembro de la denominada junta del narcotráfico, una organización criminal que el propio presidente Petro ha señalado como responsable de múltiples atentados y planes delictivos. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación incluyó a los hermanos Álvarez Meyendorff en procesos contra esta red, según resoluciones conocidas por Semana. Solo en un caso, la extinción de dominio superó los $2 billones en bienes incautados a la organización. Las diligencias de la Fiscalía aparecen registradas en resoluciones de 2025, documentando el interés por unificar las investigaciones contra los miembros de la junta del narcotráfico. Un documento obtenido por Semana precisa:
“Unificación de casos relacionados con los ciudadanos Ignacio Álvarez Meyendorff y Juan Fernando Álvarez Meyendorff, y la denominada organización criminal Junta Directiva de Narcotráfico, (casos) que cursan en varias fiscalías adscritas a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos”.
En su testimonio, Álvarez Meyendorff insiste en que la persecución judicial por parte de instituciones colombianas está relacionada con sus declaraciones como testigo protegido de la DEA.
Acusaciones de aportes a campañas y reacción del entorno de Petro
El centro de las declaraciones de Álvarez Meyendorff son los señalamientos sobre aportes a campañas políticas de Gustavo Petro, supuestamente canalizados a través del empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente.
Según el denunciante, las entregas de dinero habrían ocurrido en una finca de Zipaquirá, municipio de procedencia de Gutiérrez Robayo, así como en reuniones adicionales. Ante estas afirmaciones, Gutiérrez Robayo negó cualquier vínculo con Álvarez Meyendorff y rechazó la existencia de reuniones destinadas a la entrega de fondos, según respondió a Semana. Petro reiteró que cortó cualquier relación con Gutiérrez Robayo hace años y sostuvo que la conexión familiar no constituye un vínculo legal formal. Las investigaciones en Estados Unidos habrían cobrado nuevo impulso tras la reciente inclusión del presidente colombiano en la Lista Clinton (OFAC), según las pesquisas citadas por el medio. Álvarez Meyendorff advirtió que no puede entregar nombres precisos ni detalles de las investigaciones por tratarse de procesos bajo reserva judicial.
Irregularidades y procesos judiciales alrededor del caso Meyendorff
Diversas denuncias documentadas por Semana señalan un ambiente procesal prolongado y enrarecido en torno al caso de Álvarez Meyendorff en Colombia. La investigación sobre lavado de activos y extinción de dominio —conocida como macrocaso Meyendorff— lleva más de 13 años sin resolución definitiva y ha pasado por al menos seis fiscales, algunos investigados o condenados. Según la defensa, el expediente presenta irregularidades como eliminación de registros, manipulación de pruebas y apertura de diligencias contra la abogada del exnarco por ejercer su derecho de defensa. Álvarez Meyendorff explicó en los documentos:
“Llama la atención que la Fiscalía actúe con tanta vehemencia y con tanto poder. Hace documentos, quita, borra todas las declaraciones de renta que se hicieron; las borraron con tanta ilegalidad, de una forma tan direccionada e instrumentalizada, con tanta confianza y con tanto poder”.
También se denuncian audios y actas que describen presuntos acuerdos internos en la Fiscalía para direccionar decisiones judiciales. Nuevas órdenes de extinción de dominio han impactado a la familia Álvarez Meyendorff.
El denunciante sostiene que estas acciones buscan acallarlo por su rol como testigo de la DEA en procesos estadounidenses, mientras el caso continúa sin resolverse en jurisdicciones colombianas.
Respuesta oficial del Gobierno y la Embajada en Washington D.C.
Ante la repercusión del caso, el Gobierno Petro y la Embajada de Colombia en Washington han rechazado que exista alguna investigación formal en Estados Unidos contra el jefe de Estado. La representación diplomática, mediante un comunicado difundido el 20 de marzo, expresó que no ha recibido notificaciones sobre hechos distintos ni información que apoye la existencia de procesos abiertos. En declaraciones recogidas por Semana, la Embajada subrayó que las acusaciones carecen de “fundamento jurídico y fáctico” y reafirmó la confianza en las versiones aportadas por funcionarios estadounidenses. Con esto, el gobierno se desvinculó de cualquier implicación en procedimientos derivados del testimonio de Álvarez Meyendorff.
Fuente: Infobae