Nataly Morillo advierte que denunciará ante Fiscalía un posible uso irregular de las cámaras de videovigilancia de Quito

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció este 12 de agosto de 2026 que el Ejecutivo presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado si se llega a comprobar que las 632 cámaras de videovigilancia que pertenecían al Municipio de Quito fueron utilizadas de manera irregular.

Esta advertencia surge tras el traspaso del control de estos dispositivos, anteriormente administrados por el COE Metropolitano, a la Policía Nacional el pasado lunes 10 de agosto.

Investigaciones en curso

Morillo enfatizó que actualmente la Policía realiza un inventario técnico para determinar el estado de los equipos, su ubicación exacta y, fundamentalmente, a quiénes se reportaba la información captada por el sistema.

La funcionaria trazó un paralelismo directo con el caso de Segura EP en Guayaquil, donde ella misma presentó una denuncia por una presunta red de corrupción y espionaje.

Señaló que seguirán el mismo camino legal tomado en el Puerto Principal si encuentran elementos de mal uso en la capital.

Días antes, el ministro del Interior, John Reimberg, justificó la intervención estatal argumentando que el sistema municipal no brindó respuestas efectivas contra la delincuencia, pese a que la seguridad es un tema que maneja exclusivamente el Gobierno.

Adicional, Reimberg denunció que las cámaras de Quito supuestamente tendrían conexiones con “cinco o seis” salas espejo y sugirió la existencia de presuntas redes de espionaje en las que estarían involucrados exintegrantes de la desaparecida Secretaría de Inteligencia (Senain).

Pabel Muñoz niega versión oficial

Ante estos señalamientos, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó las acusaciones de espionaje y la existencia de salas paralelas, calificando las versiones del Gobierno como carentes de evidencia. Muñoz sostuvo que las cámaras ya mantenían una interoperabilidad con el ECU 911 como parte del Plan Metropolitano de Seguridad y cuestionó que se presente este convenio como una “toma” o “allanamiento”.

El burgomaestre explicó que el objetivo es que las cámaras sirvan para dos propósitos fundamentales:

  1. Prevención y combate al delito: la Policía Nacional incorporará personal permanente a la Sala Situacional del COE Metropolitano para procesar información y dirigir respuestas operativas inmediatas.
  2. Gestión de la ciudad: el municipio continuará utilizando las cámaras para el control del espacio público y emergencias municipales.

De igual modo, Adriana Moreira, la gerenta general subrogante de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad (Emseguridad) indicó:

Radio Pichincha

LV

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