El régimen talibán de Afganistán confirmó la detención de varias mujeres y niñas en Kabul y en la provincia occidental de Herat durante el fin de semana, por violar el estricto código de vestimenta impuesto desde su retorno al poder en 2021. Así lo informó este domingo Saifuddin Khaibar, portavoz del Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, quien calificó el incumplimiento como un “delito muy grave” en declaraciones difundidas por Amu TV, cadena afgana con sede en el extranjero.
“No observar el hiyab es en sí mismo un delito muy grave. El hiyab es una obligación religiosa, y las leyes vigentes en Afganistán establecen que una mujer musulmana debe observarlo. Debe cubrirse desde el cabello hasta las uñas de los pies”, afirmó Khaibar, según la misma fuente.
El funcionario evitó precisar el número total de detenidas ni brindó detalles sobre su estado actual, una práctica habitual en los comunicados oficiales del régimen respecto a este tipo de operativos. Sin embargo, el sábado empezaron a circular reportes sobre la aprehensión de ocho mujeres en el municipio de Jebrael y en la avenida 64 Meter Road, en Herat, de acuerdo con residentes citados por Amu TV. Las detenidas pasaron la noche bajo custodia y fueron liberadas al día siguiente tras comprometerse a acatar el código de vestimenta y pagar una fianza, un procedimiento que organizaciones de derechos humanos han documentado de forma reiterada desde la llegada de los talibanes al poder.
Un patrón que se repite y se intensifica
Este no es un hecho aislado. En enero de 2024, el mismo ministerio ya había anunciado la detención de mujeres en la capital por vestir con un “mal hiyab”, según confirmó entonces otro portavoz, Abdul Ghafar Farooq, sin dar cifras concretas, conforme a información de la agencia Associated Press. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) expresó su preocupación en julio de este año por la detención de “numerosas” mujeres y niñas en Kabul entre el 16 y el 19 de ese mes, y advirtió que estos incidentes “contribuye a un clima de miedo y erosiona la confianza pública”.
El marco legal que sustenta estos arrestos data de mayo de 2022, cuando el Gobierno talibán emitió un decreto que exigía a las mujeres cubrirse el rostro por completo en público y recomendaba el uso del burka de cuerpo entero, recuperando una norma que ya había regido durante su primer gobierno (1996-2001). Ese decreto fue reforzado posteriormente por la Ley para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, que otorga a los agentes de moralidad amplias facultades para vigilar la vestimenta, el desplazamiento y hasta la voz de las mujeres en espacios públicos.
Restricciones que se extienden más allá del vestuario
Desde que recuperó el poder en agosto de 2021, tras la retirada de las fuerzas de Estados Unidos, el régimen talibán ha excluido progresivamente a las mujeres de la vida pública afgana. Las niñas tienen prohibido el acceso a la educación secundaria y universitaria, las mujeres han sido apartadas de la mayoría de los empleos públicos y necesitan la compañía de un tutor masculino para desplazarse largas distancias. Un informe de UNAMA correspondiente al periodo abril-junio de este año documentó al menos 389 detenciones arbitrarias y 65 casos de maltrato atribuidos al personal de la Promoción de la Virtud, además de arrestos por motivos como el peinado o el incumplimiento de ayunos religiosos.
La gravedad de este sistema llevó a una treintena de expertos de Naciones Unidas, entre ellos el relator especial para Afganistán, Richard Bennett, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, Dorothy Estrada-Tanck, a pedir en septiembre que la ONU tipifique el “apartheid de género” como un crimen de lesa humanidad específico. En un comunicado conjunto, los expertos advirtieron que “toda una generación” de afganas ha crecido sin acceso a la educación secundaria y reclamaron que no se normalicen las relaciones diplomáticas con las autoridades de facto “sin que se demuestre un progreso medible” en derechos humanos.
Pese a esas advertencias, varios países han retomado vínculos diplomáticos con Kabul en los últimos meses, mientras persisten los llamados de Doha, promovidos por la ONU y Catar, para incorporar a organizaciones de mujeres a las negociaciones sobre el futuro político del país, algo a lo que el régimen talibán se ha negado sistemáticamente.
Fuente: Infobae