La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha solicitado a Estados Unidos que brinde su máxima cooperación
luego de la detención, el sábado pasado, de un marine estadounidense acusado de robo y asesinato en la prefectura de Okinawa, donde se encuentra la base militar de Futenma, históricamente el principal punto de despliegue de las fuerzas norteamericanas en el país asiático.
El detenido ha sido identificado como Devin Ballard, de 20 años, quien enfrenta cargos por el homicidio de Anna Yagi, de 39 años, ocurrido en un hotel de la ciudad de Nata. Según fuentes de la investigación citadas por la agencia Kyodo, el militar ha negado todas las acusaciones.
La mandataria de ultraderecha se pronunció en redes sociales para calificar el suceso como un incidente extremadamente cruel y atroz
, el primero de esta naturaleza desde que asumió el poder en octubre de 2025. Takaichi ha elogiado en repetidas ocasiones la cercanía que mantiene con el presidente estadounidense Donald Trump.
El Gobierno de Japón ha presentado una fuerte protesta al lado estadounidense, al mismo tiempo que ha exigido la máxima cooperación en la investigación, el estricto mantenimiento de la disciplina entre los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la prevención exhaustiva de la reincidencia de incidentes y accidentes
, recalcó la primera ministra en su comunicado.
El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, expresó su profunda indignación por lo ocurrido
. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, sostuvo conversaciones con el canciller Toshimitsu Motegi y el gobernador de Okinawa, Genta Koja, a quienes confirmó que su país cooperará plenamente
con las investigaciones.
La presencia de los marines en la isla ha generado numerosas protestas de la población local, inicialmente por la existencia del contingente y posteriormente por episodios de violencia, en particular de índole sexual, cometidos por los militares estadounidenses.
El año 2016 fue un punto crítico. Un marinero estadounidense fue arrestado tras provocar en estado de ebriedad —con seis veces el límite legal de alcohol en sangre— un accidente de tráfico que causó la muerte de dos personas. Ese mismo verano, un contratista civil y un marine fueron detenidos por su vinculación con la violación y el asesinato de una joven de 20 años.
No obstante, el crimen más grave ocurrió en 1995, cuando tres militares alquilaron una furgoneta, agredieron y violaron en grupo a una niña de 12 años. En medio de una ola de protestas populares, fueron condenados a penas de entre seis años y medio y siete años de prisión.
Fuente: Infobae