En una sesión donde el oficialismo senatorial, liderado por Patricia Bullrich, no logró reunir el quórum inicial en la comisión de Legislación General —se aguardaron los 30 minutos de rigor y luego se prosiguió con un tercio de los miembros—, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió al frente esta tarde para respaldar la nueva ley de Sociedades impulsada por la Casa Rosada. El funcionario, además, buscó apuntalar una señal de la administración libertaria hacia la inteligencia artificial y el universo de los algoritmos que se integran, de forma vertiginosa, en los procesos productivos.
De acuerdo con Sturzenegger, la creación de la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con una regulación específica para el uso de contratos inteligentes y blockchain, podría colocar al país por delante de Estados Unidos y Europa. “¿Va a funcionar? No lo sabemos. ¿Vale la pena? Sí”, planteó el ministro, quien también mencionó el caso de Irlanda como un país donde tributan empresas que no tienen procesos productivos locales, pero que pagan impuestos por la residencia fiscal.
Al comienzo de la reunión intervino la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán. Luego de exponer conceptos generales sobre una normativa vigente desde 1972, enumeró siete ejes: fortalecer la autonomía de la voluntad de los socios —el Estado deja de presuponer que conoce mejor que los particulares cómo organizar sus negocios—; ordenar reglas comunes y luego las de cada subtipo; simplificar la actividad empresarial; una digitalización profunda —por ejemplo, libros contables—; reducir la discrecionalidad de los organismos públicos —la Comisión Nacional de Valores sigue como autoridad de aplicación—; incluir nuevas figuras de la economía; y ofrecer instrumentos flexibles de financiamiento e inversión.
A continuación, el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, puso el foco en la brecha de empresas por cada 1.000 habitantes: Chile y Uruguay, 60; México, 34; Argentina, 15. Luego advirtió que las reglas actuales están orientadas, en “un 70%, para la gran empresa, que regula las Sociedades Anónimas, de una forma rígida”; y que el “99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal”.
Fue Ramírez quien destacó los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. “Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada”, lanzó. Sobre las DAO, afirmó que se “eligió legislar una parte pequeña”, mencionó que quienes quieran no identificar a beneficiarios finales “no serán recibidos por esta ley”, y que la “alternativa de no hacer nada tiene un costo”. “Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen”, remarcó.
Luego llegó el turno de Sturzenegger. Dijo que hay dos planos sobre las nuevas tecnologías: las sociedades automatizadas por robots —un subtipo de SA, pero de gestión por software o robots—; y las DAO, administradas por inteligencia artificial pero con posibilidad de contratar humanos para diversas tareas. “A mediados de los ‘80, Irlanda tenía un ingreso promedio del 60%; a mediados de los 2000, 20 años después, era de 115% del promedio de la Unión Europea”.
Desde el kirchnerismo, Martín Soria (Río Negro) no perdió la oportunidad para criticar a Sturzenegger y vincular el proyecto con las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) impulsadas durante el macrismo y luego utilizadas en el pasado, según relató, por bandas del narcotráfico, como “Los Monos”. También mencionó los parámetros del Papa sobre este tema y alertó sobre el domicilio electrónico, que será considerado válido y vinculante para los casos en los que no exista sede física. Quien objetó otros puntos y realizó consultas extra fue el chaqueño Jorge Capitanich, las cuales fueron bien recibidas por los representantes del Ejecutivo.
En cuanto a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el articulado mileísta introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pagos para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.
Al cierre de la reunión, la libertaria y presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez (Neuquén), informó que la discusión continuará en asesores y se descarta que habrá lista de invitados. Así, se estima que el análisis de la ley seguirá por, al menos, varias semanas.
Fuente: Infobae