La Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Nacional solicita al Pleno una ampliación de 10 días al plazo de 90 días que recibió en junio para presentar el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados de patrimonio de alcaldes y prefectos del país.
El pedido será conocido por el Pleno durante la sesión No. 125, convocada para este martes 22 de septiembre de 2026, a partir de las 10:06. La comisión busca que el plazo adicional se contabilice desde el vencimiento de los 90 días establecidos originalmente, con lo que espera entregar el informe hasta el 15 de octubre.
La solicitud responde, principalmente, a que la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura han pedido más tiempo para entregar la documentación contable y técnica requerida por la mesa legislativa para analizar el patrimonio de las autoridades seccionales.
El presidente de la comisión, Cristian Benavides, explicó que la información solicitada es necesaria para avanzar en el análisis de los casos. Según indicó, la mesa legislativa ya inició una “semaforización” de los expedientes, un mecanismo que permitirá identificar las diferencias, inconsistencias y niveles de alerta encontrados en la información revisada.
El proceso de fiscalización fue aprobado por el Pleno de la Asamblea el 23 de junio de 2026. En esa resolución se encargó a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio examinar los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas, para lo cual se estableció un plazo de 90 días.
La investigación abarca a 245 autoridades de elección popular seccional de todo el país: 221 alcaldes y alcaldesas y 24 prefectos y prefectas. El trabajo contempla el examen y análisis contable, así como el contraste de la información patrimonial y financiera de estas autoridades.
El trámite también estuvo marcado por un cambio en la conducción de la comisión. Su entonces presidenta, Lucía Pozo (ADN), renunció a su cargo de asambleísta para postularse como candidata a la Prefectura del Carchi, lo que generó un retraso en el desarrollo de la fiscalización.
Según la comisión, varias de las instituciones públicas requeridas han solicitado prórrogas justificadas para entregar la documentación solicitada. La razón expuesta es la carga operativa que implica recopilar y consolidar los expedientes correspondientes a las 245 autoridades.
La mesa legislativa sostiene que contar con información completa es necesario para garantizar el debido proceso y realizar un análisis técnico de la documentación. Con la ampliación solicitada, busca contar con el tiempo suficiente para concluir la revisión y presentar al Pleno un informe sustentado sobre los casos analizados.
(I) Fuente: El Universo