La Contraloría General del Estado (CGE) informó que, entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 2026, todos los servidores y trabajadores del sector público deberán actualizar su declaración patrimonial jurada.
El trámite se realizará únicamente a través del portal institucional. La entidad recordó que, al completar el formulario, la fecha de inicio deberá corresponder al primer nombramiento o contrato en la institución, mientras que los servidores clasificados como Personas Expuestas Políticamente (PEP) deberán registrar la información adicional prevista en la normativa vigente.
Obligación de actualizar la declaración patrimonial
La obligación de actualizar la declaración patrimonial jurada está prevista en la Constitución, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. Su objetivo es fortalecer la transparencia, promover la ética pública y verificar la evolución legítima del patrimonio de quienes administran recursos del Estado.
La Contraloría hizo énfasis en que, al completar el formulario electrónico, el campo “Desde” deberá contener la fecha del primer nombramiento o contrato en la institución, y no la correspondiente a la última acción de personal.
Para realizar el trámite, los servidores deberán ingresar al portal de la Contraloría, acceder a la sección Servicios en Línea, actualizar y suscribir, de ser necesario, el Acuerdo de Uso de Medios o Servicios Electrónicos, completar el formulario y seleccionar la opción “Periódica” en el tipo de declaración.
La entidad recomendó revisar el instructivo para el llenado del formulario electrónico y el video tutorial disponible en sus canales oficiales. Además, en caso de errores u omisiones, los servidores dispondrán de 10 días para realizar las correcciones, contados desde la presentación de la Constancia de Otorgamiento a la Unidad de Administración de Talento Humano.
Personas Expuestas Políticamente
La Contraloría recordó que los servidores clasificados como Personas Expuestas Políticamente deberán registrar la información adicional exigida por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, vigente desde el 29 de julio de 2025.
Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, el presidente y vicepresidente de la República, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, superintendentes, intendentes, directores nacionales y provinciales, asesores, asambleístas, alcaldes, vicealcaldes, concejales, prefectos, viceprefectos, consejeros, magistrados, jueces, conjueces, fiscales, embajadores, cónsules y diplomáticos ecuatorianos.
También son considerados PEP los servidores de la banca pública desde el cargo de subgerente o su equivalente, los oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desde el grado de teniente coronel —y en la Fuerza Naval desde capitán de fragata—, los directores de universidades públicas y las autoridades de la Función de Transparencia y Control Social.
La lista incluye además a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), los directivos de partidos y organizaciones políticas registradas en el CNE, todas las autoridades elegidas por voto popular y los demás cargos establecidos en la Resolución No. UAFE-DG-2020-0090.
Unidades de Talento Humano realizarán el control
Las unidades de Talento Humano de cada institución serán las encargadas de informar oportunamente a los servidores que se encuentren dentro de la categoría de Personas Expuestas Políticamente.
La Contraloría verificará el cumplimiento de esta disposición y advirtió que el incumplimiento de la actualización de la declaración patrimonial dará lugar a las sanciones previstas en la normativa vigente. La medida fue dispuesta mediante el Oficio Circular N.º 036-CG-2026, emitido el 6 de julio de 2026 por el contralor general del Estado, Mauricio Torres.
Radio Pichincha
LV