La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) emitió un contundente informe este domingo en el que sostiene que Estados Unidos y sus socios de la coalición internacional aún no han proporcionado una “justicia real” ni han ofrecido “reparación” por los crímenes de guerra y otros abusos graves perpetrados en territorio afgano. Esto ocurre a 25 años del inicio del conflicto, el 7 de octubre de 2001, según detalla una cronología de los reportes de la ONG sobre esa guerra.
Después de los atentados de Al Qaeda contra Estados Unidos el 11 de septiembre, el gobierno estadounidense autorizó el uso de “métodos de interrogatorio” contra “presuntos militantes” que, de acuerdo con HRW, equivalían a tortura. La organización documentó que las fuerzas estadounidenses en Afganistán cometieron “actos de tortura” y otros “malos tratos”, tales como “palizas, humillaciones, simulacros de ahogamiento, privación del sueño y simulacros de ejecución”. Además, muchos civiles detenidos fueron liberados solo después de meses o años, sin haber sido nunca acusados de ningún delito.
Human Rights Watch acusa ahora al gobierno de Estados Unidos de “nunca” haber rendido “cuentas plenamente” ni de haber ofrecido indemnizaciones a las víctimas de esos abusos.
“25 años después, los afganos torturados bajo custodia estadounidense y las familias de quienes murieron injustamente siguen sin tener una vía clara para presentar reclamaciones u obtener reparación por parte del gobierno de Estados Unidos”, afirmó Patricia Gossman, directora asociada para Asia de HRW.
Si bien Estados Unidos procesó a algunos soldados por homicidios ilegítimos —como el sargento Rober Bales, condenado en 2012 por asesinar a 16 civiles afganos en Kandahar, y el caso del ‘Kill Team’, cuyos miembros recibieron sentencias variables tras matar a 15 civiles afganos también en Kandahar en 2010—, la ONG señala que estas acciones fueron insuficientes.
El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a varios soldados condenados por “homicidios ilegítimos”, incluyendo al teniente Clint Lorance y al mayor Mathew Golsteyn. “Las sucesivas administraciones estadounidenses han ocultado estos graves abusos, dejando a los más afectados sin indemnización ni justicia”, denunció Gossman.
La coalición internacional también ha hecho “poco” para enfrentar los “graves abusos” cometidos por su personal militar. Australia y Reino Unido tienen investigaciones en curso sobre “presuntas ejecuciones sumarias” y “malos tratos” a civiles, pero los avances han sido lentos. Australia publicó hace seis años su Investigación Independiente sobre Afganistán sobre “presuntos crímenes de guerra” de sus fuerzas armadas; desde entonces solo se ha detenido a dos soldados. Reino Unido estableció una investigación independiente, pero su alcance se limitó al período de 2010 a 2013.
SEÑALA TAMBIÉN A LOS TALIBÁN
El comunicado de HRW también responsabiliza a los talibán y otros grupos insurgentes por atacar a la población civil, causando “miles de muertes y heridos” durante el conflicto. Las fuerzas talibán asesinaron a “mujeres funcionarias y periodistas”, y atacaron “embajadas, hoteles, centros de votación y organizaciones de ayuda humanitaria”. El uso indiscriminado de artefactos explosivos improvisados en vías públicas y zonas pobladas fue una de las “principales causas de muerte y lesiones entre la población civil”.
Los talibán no exigieron “responsabilidades” a su personal por los abusos. Otros grupos armados, incluida una filial de Estado Islámico, perpetraron “atentados suicidas” dirigidos contra la “comunidad hazara y otras minorías”.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) inició una investigación sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003 por todas las partes en conflicto: los talibán, Estado Islámico, las fuerzas gubernamentales afganas, así como el Ejército y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. La administración Trump condenó cualquier intento de investigar a personal estadounidense e impuso sanciones a jueces y fiscales del TPI.
En octubre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio un paso crucial al establecer un mecanismo de investigación independiente para Afganistán. Su objetivo: recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas de crímenes internacionales —pasados y en curso— cometidos por todas las partes, y preparar expedientes que faciliten futuros enjuiciamientos.
“Estados Unidos y los demás países que participaron en la guerra de Afganistán deberían investigar y procesar adecuadamente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas, así como ofrecer una reparación apropiada a las víctimas de abusos y a sus familias”, concluyó Gossman.
Fuente: Infobae