![[EXCLUSIVO] Jiménez y su descarga a directivas pasadas: «Emelec venía teniendo ya hasta una estructura delincuencial, estas situaciones en su momento saldrán a la luz»»](https://kchnews.com/wp-content/uploads/2026/10/2000686d-fa52-4a28-9a74-870e159d67ab-150x150.jpg "[EXCLUSIVO] Jiménez y su descarga a directivas pasadas: «Emelec venía teniendo ya hasta una estructura delincuencial, estas situaciones en su momento saldrán a la luz»»")
Cuarenta y nueve alertas relacionadas con presuntos actos de corrupción en establecimientos de la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) ha realizado la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) en casi tres años.
Ante un pedido de información de este Diario, el Gobierno refirió que la SGIP identificó patrones recurrentes relacionados con posibles direccionamientos contractuales, restricciones a la competencia, presunta alteración de documentación técnica, coincidencias entre oferentes, riesgos de sobreprecios, manejo irregular de medicamentos e inconsistencias entre los inventarios registrados y las existencias físicas.
Para ello, la SGIP coordinó y articuló acciones con las instituciones competentes para su tratamiento, verificación e investigación de estos casos, identificados desde que el presidente de la República, Daniel Noboa, asumió funciones.
Del total de alertas, nueve casos se remitieron a la Contraloría General del Estado para su verificación preliminar o examen de control, tres alertas fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, veintidós alertas coordinadas con el IESS, cinco con el Ministerio de Salud Pública y tres articuladas con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
De los casos remitidos a la Fiscalía, en dos se iniciaron indagaciones previas por hechos relacionados con presunta delincuencia organizada y posibles irregularidades con sobreprecio en contratación pública; y en el tercer caso se incorporaron los elementos hallados a una investigación que ya estaba iniciada. No se especificó ni identificó a personas desvinculadas ni procesadas por estas alertas.
Hallazgos e irregularidades en el sistema de salud
Entre los casos más llamativos, la SGIP analizó una alerta en el Hospital General del IESS de Manta, donde se identificó a una servidora del área de talento humano que habría mantenido posibles vínculos con grupos de delincuencia organizada (GDO) en hechos relacionados con un presunto enriquecimiento ilícito.
En el análisis de una alerta se pudo develar un presunto esquema estructurado de direccionamiento y colusión en procesos de contratos para medicinas y otros insumos de varias casas de salud.
En este caso se pudo identificar la adjudicación de 174 contratos recurrentes a un mismo núcleo de proveedores y la adjudicación de 69 contratos a una sola oferente, además de posibles acuerdos previos entre oferentes, restricciones en los términos de referencia y eventuales vínculos con personas que habrían accedido anticipadamente a información institucional.
En la revisión, la SGIP determinó un presunto perjuicio de $ 11,06 millones para el Estado ecuatoriano, por lo que se pidió a la autoridad competente el seguimiento de una investigación por la posible comisión del delito de delincuencia organizada.
En otro caso, los análisis pudieron determinar posibles irregularidades en un proceso de contratación efectuado en el hospital Carlos Andrade Marín del IESS, en Quito, por la adquisición de tratamiento para la fenilcetonuria.
En las revisiones se determinó que habría contraste entre los valores adjudicados y cotizaciones de mercado de productos con características equivalentes. Se identificaron ofertas inferiores y se estableció un posible perjuicio económico de $ 90.963 para el Estado. En el análisis, según la entidad, se reveló que el producto habría sido adquirido por un valor aproximadamente 23,5 veces superior al referencial del mercado.
Ambos casos anteriores se dieron a conocer a la autoridad competente para que siga con las diligencias del caso a fin de determinar posibles responsabilidades penales.
Tratamiento de casos y canalización de procesos
Por ahora, en lo referente a la operación de redes de corrupción e involucramiento de GDO, el Ministerio no anticipa conclusiones ni atribuye responsabilidades mientras se desarrollan las indagaciones.
“La determinación de hechos, responsables y posibles vínculos con GDO corresponde a Fiscalía General del Estado y a los órganos jurisdiccionales correspondientes”, se indicó en respuesta a este Diario.
Cuando se presentan posibles hechos irregulares, el Ministerio de Salud Pública suele remitir la información correspondiente a la Fiscalía General del Estado y a las entidades de control competentes, conforme a la normativa legal vigente para “garantizar el debido proceso” y la “reserva de las investigaciones”, mientras se da colaboración con las indagaciones correspondientes.
Frente a cada caso, el Ministerio utiliza sus mecanismos de control y verificaciones para presentar las denuncias ante la Fiscalía y demás autoridades competentes apenas se identifican indicios que podrían representar infracciones administrativas o delitos.
Justamente, a fin de mitigar los actos de corrupción en la salud pública, el Gobierno creó la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL-EP) a fin de fortalecer la transparencia, eficiencia y trazabilidad de los procesos.
Esta entidad, según el Gobierno, busca contribuir a superar los “nudos críticos” y “reducir los riesgos” de prácticas irregulares o actos de corrupción en la gestión de medicamentos, infraestructura y equipamiento sanitario en conformidad con la normativa legal vigente.
Esta empresa se enfoca en la adquisición, la compra y logística de entrega de medicación en los diferentes hospitales de la red pública. Para fines de año se proyecta alcanzar el 80 % de promedio en abastecimiento en la red pública, corroboró días atrás el ministro del ramo, Juan Carlos Aveiga, a este Diario.
Como parte del plan de transparencia, días atrás, el ministro también destacó la apertura de un código QR para canalizar denuncias anónimas sobre presuntos actos de corrupción e irregularidades en el sistema público de salud.
A través de la plataforma, los usuarios pueden adjuntar fotos y videos para hacer la denuncia si se sienten perjudicados en alguna parte del sistema de salud. Dentro de los casos se han receptado cobros de puestos, recetas incompletas y otras irregularidades en la red pública. (I)
Fuente: El Universo