El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó una advertencia directa el viernes: aquellos que busquen socavar la democracia enfrentarán a la justicia. Sus declaraciones se dan en medio de una escalada de protestas sociales que, según las autoridades, responden a un plan de desestabilización con presunta financiación del narcotráfico.
“Lo digo con absoluta firmeza (…) Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, sentenció el mandatario durante una conferencia en el antiguo Palacio de Gobierno.
Las declaraciones de Paz se produjeron tras la presentación del informe ‘Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe’, a cargo de la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD, Michelle Muschett.
El presidente, quien lleva más de seis meses en el cargo, calificó el momento actual como un “cataclismo” y habló de una “ruptura” entre la visión política y democrática del siglo XX y la construcción de la convivencia y el desarrollo en Bolivia en el siglo XXI.
En su intervención, también abordó el “estado rentista”, la economía informal —que alcanza el 85%— y la existencia de una “pseudo democracia” con un partido único, en referencia al Movimiento al Socialismo (MAS), que lideraron los ex presidentes Evo Morales y Luis Arce.
Según Paz, la sociedad boliviana vivió “secuestrada” por el Estado durante 25 años y ahora existen “libertades para poder desarrollar sin la tutela” estatal. “Es una suerte de ‘síndrome de Estocolmo’. Sigues buscando a tus secuestradores, cuando no es un problema de pasado, (…) sino que es un problema de convivencia”, manifestó.
El mandatario informó que sostuvo una negociación de cerca de 12 horas con los mineros cooperativistas de Potosí, reunión que culminó en un acuerdo que puso fin a la movilización tras los incidentes violentos ocurridos el jueves en La Paz.
Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ mantienen protestas y bloqueos de carreteras, exigiendo la renuncia de Paz, al considerar que no resuelve los conflictos del país.
Además, centenares de simpatizantes de Evo Morales avanzan hacia la sede del Gobierno y planean llegar el lunes para reclamar la dimisión del mandatario.
Por su parte, el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, señaló que las protestas sociales estarían promovidas por el ex mandatario Morales con la intención de “romper el orden constitucional”. “Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, declaró Gálvez, quien atribuyó la planificación, financiamiento y operación del supuesto plan a la región del Chapare, bastión político y sindical de Morales en Cochabamba.
“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, afirmó el portavoz en conferencia de prensa. Gálvez también reiteró la disposición del Gobierno de Rodrigo Paz para dialogar con los sectores que presenten “demandas legítimas”.
Evo Morales no respondió directamente a las acusaciones, pero horas antes publicó en su cuenta de X que “los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria”. Según Morales, los “miles” de manifestantes no responden a “una sola persona”.
En el plano internacional, ocho países latinoamericanos firmaron el viernes una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en Bolivia, en el contexto de las protestas que mantuvieron paralizada la capital.
“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresaron en el documento Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.
Fuente: Infobae