La Asamblea Nacional retomará este 27 de mayo de 2026 el debate del proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), una iniciativa impulsada desde la Comisión de Justicia y Estructura del Estado con el argumento de fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado dentro del sistema judicial.
No obstante, varios sectores políticos, juristas y organizaciones vinculadas al sistema de justicia advierten que algunas disposiciones podrían afectar la independencia judicial y el ejercicio libre de la abogacía.
ODJ preocupado por el libre ejercicio profesional
El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) alertó sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión de abogados en libre ejercicio y cuestionó la redacción del artículo 122.1 del proyecto de reforma, que establece sanciones por supuestas faltas de respeto hacia funcionarios judiciales.
Según el ODJ, la amplitud y ambigüedad de la norma podrían permitir interpretaciones arbitrarias y generar un efecto amedrentador sobre abogados que cuestionen decisiones judiciales o participen en debates públicos sobre el sistema de justicia.
La organización también advirtió sobre la severidad de las sanciones previstas para abogados en libre ejercicio.
De acuerdo con el ODJ, el proyecto contempla suspensiones del ejercicio profesional de entre cuatro y seis meses, e incluso de hasta cinco años en casos de reincidencia, lo que —a criterio del organismo— podría generar un efecto amedrentador y fomentar la autocensura de profesionales del Derecho al momento de cuestionar actuaciones o decisiones judiciales.
El proyecto de ley, promovido por la legisladora oficialista Rosa Torres, de Acción Democrática Nacional (ADN), plantea cambios estructurales en la administración de justicia.
Entre los principales puntos consta la implementación obligatoria de pruebas de confianza —como polígrafo, reconocimiento de retina o análisis de voz— para jueces y funcionarios de unidades especializadas en corrupción.
También propone la creación de la Unidad Técnica Operativa de Integridad Judicial (UTOI), adscrita a la Contraloría, para realizar controles automatizados sobre el patrimonio de servidores judiciales.
Otra de las reformas establece que las audiencias judiciales deberán ser públicas y transmitidas en tiempo real mediante plataformas digitales, permitiendo incluso registros audiovisuales de medios de comunicación en procesos considerados de interés público.
Asimismo, el texto incorpora las denominadas Unidades de Servicios Judiciales (USJ), órganos técnicos encargados de elaborar informes de riesgo procesal antes de que un juez dicte medidas cautelares como la prisión preventiva.
La reforma modifica el sistema disciplinario
La propuesta también modifica el sistema disciplinario dentro de la Función Judicial. El informe plantea que los procesos de destitución contra jueces, fiscales y defensores públicos por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable sean resueltos por una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y no únicamente por vía administrativa desde el Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, uno de los temas que más cuestionamientos ha generado es la participación del Ejecutivo en procesos de evaluación judicial. Durante el primer debate realizado el 20 de mayo de 2026, legisladores de la Revolución Ciudadana alertaron sobre el artículo 57.1, que otorga al Viceministerio de Educación Superior facultades para valorar perfiles de quienes integrarían el Comité Académico encargado de evaluar futuros jueces.
Declaración jurisdiccional
También surgieron observaciones respecto a la eliminación de la denominada declaración jurisdiccional previa, requisito que actualmente protege a jueces frente a sanciones administrativas arbitrarias relacionadas con el contenido de sus fallos.
Legisladores y juristas recordaron que la Corte Constitucional (CC) ha señalado que este mecanismo constituye una garantía para evitar persecuciones políticas o disciplinarias contra operadores de justicia.
Radio Pichincha
LV