La investigación que salpica al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha destapado una compleja red internacional de negocios vinculada al petróleo venezolano y a operaciones de compraventa de oro. Según el sumario de la Audiencia Nacional, varios de los presuntos integrantes de esta estructura residen en territorio español. Entre los nombres que figuran en el expediente destacan los hermanos Baca Arbulo y el prestamista neerlandés Simon Verhoeven.
El caso comenzó a tomar forma en julio de 2024, cuando las autoridades de Francia y Suiza solicitaron cooperación internacional a la Fiscalía Anticorrupción española. Los organismos extranjeros habían detectado que varias personas investigadas por presunto blanqueo de fondos públicos venezolanos malversados y tráfico de oro poseían importantes inversiones en España.
A partir de esa información, la Fiscalía Anticorrupción inició pesquisas en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Aunque una primera causa fue archivada por un error procesal, posteriormente se reabrió y ahora es instruida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
La UDEF concluyó que existían “indicios suficientes” para investigar las actividades en España de varias personas que, presuntamente, ofrecían servicios financieros a individuos ligados al Gobierno venezolano. Estos son los perfiles clave de la trama:
Los hermanos Baca Arbulu y su entorno
Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu, empresarios de origen peruano, son señalados por la Fiscalía como “gestores ejecutivos” de la organización. También aparecen en la investigación la francesa Marie Caroline Boyer, esposa de Luis Felipe, y Gabriela Puente, asistente de los hermanos, de nacionalidad venezolana y española.
Luis Felipe Baca controlaba Bluecap Corp, una empresa con sede en las Islas Mauricio que, según las autoridades francesas, habría tenido un rol central en el blanqueo de capitales. Esta sociedad tenía una filial en España, Kaimana Capital, creada en 2019 por el abogado Miguel Palomero. Palomero vendió sus participaciones a Enrique y a la esposa de su hermano, quienes posteriormente las traspasaron a Romaine Bruere, detenido en Francia.
Las autoridades suizas y francesas también vinculan a Luis Felipe con fondos desviados de programas públicos venezolanos, especialmente el sistema de distribución de alimentos CLAP, según La Razón. Además, se le relaciona con operaciones de venta “ilegal” de oro venezolano a través de Noor Capital, una empresa radicada en Emiratos Árabes.
Según el sumario, Baca habría sido arrestado en la isla de Aruba y posteriormente extraditado a España mediante un procedimiento coordinado con Países Bajos, solicitado en marzo. El juez instructor ordenó su libertad, pero con prohibición de salir del espacio Schengen.
Díazgranados, el “captador” de clientes para la red
Danilo Alfonso Díazgranados, empresario venezolano residente en Madrid, es otro de los presuntos gestores ejecutivos. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye el rol de “captación de clientes eventuales de la estructura”. Los documentos lo vinculan con sociedades como la panameña Craft Financial y Blossom Finance LTD, radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
Las autoridades internacionales identificaron conversaciones entre Díazgranados y Felipe Baca en 2022 que, según los investigadores, indican que Díazgranados pudo haber facilitado a un cliente en Venezuela la infraestructura para blanquear una importante suma de dinero en efectivo, obtenida como pago de obras. Las negociaciones se habrían realizado en reuniones en un “conocido restaurante” cercano al domicilio de Díazgranados, donde este recibió el dinero.
Además, cuando la Policía Nacional registró el teléfono móvil de Palomero en 2024, encontró un chat con Díazgranados en el que se mencionaba a alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ’, ahora identificado como Zapatero.
Verhoeven, el neerlandés de las sociedades pantalla y cuentas suizas
Simon Leendert Verhoeven, nacido en Países Bajos y afincado en España, es señalado como el encargado de la gestión operativa de sociedades pantalla vinculadas a la red y de cuentas bancarias en Suiza. Está relacionado con empresas como Wailea Invest, Allpa Wira y Valerian Corporation, utilizadas presuntamente para conceder préstamos a Plus Ultra poco antes de que el Gobierno español aprobara el rescate público de 53 millones de euros.
Sobre este punto, Verhoeven declaró que los préstamos a Plus Ultra “fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra”, sin aportar más detalles sobre las fechas o el modo de devolución.
También se le vincula con actividades de blanqueo relacionadas con una sociedad española filial de una matriz venezolana y con la venta de oro venezolano junto a Felipe Baca. El juez Calama dictó en marzo una orden internacional de detención contra Verhoeven por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Fuente: Infobae