El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática sugirió el pasado miércoles a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la adopción de medidas dirigidas a fortalecer la libertad de expresión y a mejorar las condiciones para el ejercicio del periodismo. Entre las propuestas destaca la eliminación de las restricciones impuestas contra los dominios web de medios de comunicación.
Dicha recomendación surgió tras un proceso de consultas con diversos actores del ecosistema mediático, que incluyó a medios nacionales, públicos, privados, alternativos e influenciadores, según un comunicado oficial divulgado por Oliver Blanco, viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela.
El organismo señaló que las consultas buscaban promover un entorno de “mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo”. Entre las medidas propuestas a Rodríguez figura “eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación”, además de impulsar la libre expresión dentro de un marco de respeto y responsabilidad.
El programa también indicó que estas acciones podrían contribuir a generar un “clima de encuentro entre venezolanos”, como parte de un proceso orientado a consolidar la convivencia democrática.
La recomendación se dio a conocer después de que 38 medios, 63 organizaciones de la sociedad civil y 164 individualidades presentaran un manifiesto exigiendo el levantamiento de los bloqueos digitales y la eliminación de las restricciones contra sitios web.
En ese mismo documento, las organizaciones demandaron cambios en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y un marco institucional que garantice el ejercicio de la libertad de expresión.
Según VE sin Filtro, programa de la ONG venezolana Conexión Segura y Libre dedicado al monitoreo y denuncia de la censura digital y las restricciones al acceso a internet en Venezuela, más de 200 dominios continúan bloqueados en el país, entre ellos el de Infobae.
El origen de la censura del régimen chavista contra Infobae
El 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela, tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y, más de diez años después, la censura sobre el medio continúa.
La decisión se justificó bajo el argumento de “mancillar el honor” del parlamentario y su familia. El entonces presidente de Conatel, William Castillo, afirmó que el medio había cometido “graves violaciones a las leyes venezolanas” y cuestionó la publicación de fotografías que, según sostuvo, eran “sin valor informativo”. También acusó a Infobae de fomentar un clima de “guerra psicológica”.
La dirección de Infobae reaccionó ante la medida.
“Repudiamos la censura a la que somos sometidos y no vamos a aceptar que ningún gobierno nos diga qué fotos debemos publicar”, declaró Valeria Cavallo, directora del medio.
La postura fue respaldada por agencias internacionales como Reuters, que reportaron el bloqueo y la censura digital en Venezuela.
Desde entonces, Infobae permaneció bloqueado por el régimen Chavista.
La censura contra Infobae no fue un hecho aislado. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder y, con mayor intensidad, durante el mandato de Maduro, se registraron cierres, bloqueos y medidas contra medios de comunicación.
De acuerdo con reportes de distintas organizaciones no gubernamentales y datos del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), solo entre 2019 y 2020 se registraron más de 500 casos de violaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, con al menos 200 medios de comunicación afectados por cierres, bloqueos o censura directa.
Entre las acciones registradas se encuentran la prohibición de transmisiones de televisoras extranjeras, el retiro de programas de opinión y el bloqueo sistemático de portales digitales, incluida la web de Infobae.
El impacto también alcanzó a la radio y a la prensa escrita.
“El vacío en el dial es notorio”, afirmó el periodista Ángel Ramón Oliveros, al referirse a la situación de la radio, uno de los principales vínculos con la realidad informativa del país.
Entre 2017 y 2019, organizaciones como Espacio Público documentaron el cierre de más de 70 periódicos impresos y 54 emisoras de radio. En 2025, el escenario se agravó después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y de la toma de posesión de Maduro en enero. En ese período, se intensificaron las denuncias sobre represión, censura y autocensura en los medios.
Fuente: Infobae