El asesinato de cinco jóvenes a manos de militares durante un operativo antidrogas en Colcabamba, Huancavelica, provocó la reacción del presidente José María Balcázar, quien solicitó una investigación exhaustiva y transparente sobre lo sucedido. El mandatario expresó su pesar públicamente y ofreció disculpas a los familiares de las víctimas, al tiempo que enfatizó la necesidad de esclarecer todas las responsabilidades.
“Yo creo que ahí hay que pedir que se ahondre las investigaciones. Si hay un proceso en giro, tiene que cumplirse, pero nosotros tenemos que lamentar las víctimas y pedir la disculpa del caso a los deudos”, declaró en diálogo con Exitosa.
El jefe de Estado aseguró que se debe realizar una indagación transparente que permita determinar qué ocurrió realmente durante la intervención en la zona del VRAEM. “Es muy grave lo que está ocurriendo. Yo pido que se comunique nuestra predisposición para que la investigación sea a fondo y todas las críticas que lleguen vamos a procesar para ver de dónde vino la responsabilidad, por negligencia o no negligencia, por forma dolosa, lo que fuere”, añadió Balcázar.
De acuerdo con las versiones preliminares, cuando los militares abrieron fuego contra la camioneta en la que viajaban las víctimas, no se hallaron armas ni droga en el vehículo, lo que ha incrementado las sospechas sobre la legalidad del operativo y motivó la detención de ocho militares, aunque luego fueron liberados al vencer el plazo de flagrancia.
¿Por qué militares atacaron a jugadores de Copa Perú en Huancavelica?
El operativo militar se llevó a cabo en el corredor Colcabamba-Ayacucho, una zona considerada estratégica dentro del VRAEM por su historial de narcotráfico. Según Latina Noticias, la patrulla intentó detener una camioneta tras una alerta de inteligencia, y al no detenerse, los uniformados usaron armas largas. El saldo fue de cinco fallecidos y dos heridos de gravedad.
Actas fiscales y reportes de ATV y Epicentro TV coinciden en que no se encontraron armas ni drogas en la camioneta inspeccionada después del ataque. Los familiares de las víctimas sostienen que los fallecidos eran agricultores y jóvenes futbolistas que regresaban de un partido de la Copa Perú, versión respaldada por allegados como un pariente de William Núñez.
Rogelio Tovar, alcalde de Pucacolpa, declaró a Epicentro TV que los militares colocaron piedras en la vía —un método común en asaltos— y ejecutaron la intervención en condiciones irregulares, con un número inusual de efectivos para un control de rutina.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, encabezada por la fiscal Zina Romero Chávez, inició una investigación por “presunto homicidio calificado” y destacó la ausencia de armas y estupefacientes en el lugar, tras una revisión formal.
Testigo cambia de versión
El testimonio de Ricardo Jampier Acuña Quispe, sobreviviente del hecho, es una pieza clave en el proceso. De acuerdo con un informe de ATV, el joven admitió en su primera declaración ante fiscales haber sido contratado, junto con unas cincuenta personas, para “trasladar trece kilos de droga” y recibir un pago de 1.300 soles. Relató haber caminado durante dos días hasta subir a la camioneta intervenida.
Sin embargo, Epicentro TV difundió una segunda declaración en la que Acuña negó cualquier vínculo con el narcotráfico, argumentando que fue coaccionado por militares armados para autoincriminarse.
“Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala”, afirmó el sobreviviente de la masacre.
Sostuvo que ni él ni las otras víctimas portaban drogas o armas esa noche. Su defensa asegura que la confesión fue extraída bajo amenaza y que los ocupantes eran jóvenes trabajadores y estudiantes que volvían de un partido, contradiciendo la versión oficial.
Operativo con posibles deficiencias
El especialista Pedro Yaranga, consultado por ATV, cuestionó la legalidad del “operativo militar” en Colcabamba. Explicó que este tipo de acciones requiere la presencia obligatoria de policías antidrogas y representantes del Ministerio Público, especialmente si existe una orden de inteligencia previa.
El alcalde Tovar afirmó que la operación careció de protocolos básicos y criticó el reducido número de soldados desplegados, calificándolo de inusual para controles de esa naturaleza. Tanto la defensa de las familias como la fiscalía han señalado la entrega incompleta y fuera de plazo de información policial, falta de pruebas balísticas y ausencia de indicios que justificaran el uso de fuerza letal.
La inexistencia de armas o drogas en la camioneta es considerada un punto central para la investigación y refuerza la sospecha de una intervención irregular. La fiscalía ordenó nuevas pericias y medidas restrictivas contra los militares implicados, quienes deberán comparecer ante la justicia mientras se determina si hubo “forma dolosa” en su accionar.
Titular del Mindef sería citado al Congreso
El caso ha generado repercusiones políticas inmediatas. Según Perú21, el Congreso recibió una moción del congresista Wilson Soto Palacios para citar con urgencia al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, quien llevaba solo una semana en el cargo, con el fin de que detalle lo ocurrido e informe sobre las medidas adoptadas.
La moción parlamentaria incorpora testimonios de familiares que ratifican la inocencia de los fallecidos y niegan cualquier nexo con el narcotráfico, subrayando denuncias de “uso presuntamente desproporcionado de la fuerza”. El Parlamento exige garantías para prevenir hechos similares e insta a una investigación profunda que asigne las responsabilidades políticas y judiciales correspondientes.
Fuente: Infobae