Con un escrito ingresado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, pidió al organismo electoral que desestime y archive el pedido de revocatoria de mandato que impulsa la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) y otras organizaciones sociales en contra del presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto.
El alegato fue presentado por Herrería, la tarde de este martes, 7 de julio, en el edificio matriz del CNE, en el norte de la capital.
El secretario de Estado sostuvo que la solicitud de revocatoria de mandato es inconstitucional e ilegal, pues argumentó que no se pueden cuestionar las políticas públicas de un Gobierno, según el artículo 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 14 del Reglamento de Consultas Populares.
“En el pedido que hace el señor Guido Perugachi (presidente de la Fenocin) está cuestionando que no se ha cumplido el plan de gobierno del presidente Noboa por cuanto se ha suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Eso se llama política pública, que es exclusiva del Ejecutivo”, sustentó el secretario jurídico.
A la vez, Enrique Herrería observó otros errores en los que han incurrido los proponentes del proceso de revocatoria y solicitó al Consejo Nacional Electoral que, de acuerdo con la Constitución y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), desestime este pedido y ordene el correspondiente archivo.
El pasado 23 de junio, Perugachi y otros dirigentes sociales como José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, y Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) solicitaron al CNE la entrega de formularios para la recolección de firmas para iniciar el proceso de revocatoria de mandato del primer mandatario
Los dirigentes alegaron el supuesto incumplimiento del Plan de Gobierno y un presunto incumplimiento de funciones constitucionales y legales por parte de Noboa.
Argumentos de la Presidencia
Sobre la primera causal, la Secretaría Jurídica de la Presidencia refutó que los solicitantes no identifican una sola propuesta concreta del plan de Gobierno que haya sido incumplida. A la vez, recordó que la revocatoria de mandato es un mecanismo excepcional para sancionar incumplimientos claros y demostrables, no para convertir diferencias políticas o económicas en una campaña electoral permanente.
El Ejecutivo defendió que el plan de Gobierno fue presentado para ejecutarse entre 2025 y 2029, por lo cual, señaló, no se puede sostener jurídicamente que existe incumplimiento definitivo cuando apenas ha transcurrido el primer año de gestión.
“El propio CNE y el Tribunal Contencioso Electoral han dicho que los planes plurianuales deben evaluarse durante todo el período de gobierno y no mediante apreciaciones parciales», explicó la Secretaría Jurídica y resaltó que no se puede declarar incumplido un plan de cuatro años cuando todavía está en ejecución.
“Los solicitantes quieren convertir la revocatoria en un plebiscito sobre el FMI. La propia solicitud reconoce que pretende que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con la política económica del Gobierno, pero la revocatoria no existe para eso. No sirve para preguntar si gusta o no una política pública, sirve únicamente cuando existe un incumplimiento legal claramente demostrado. No se puede usar la revocatoria para reemplazar el debate democrático sobre políticas públicas», dice el escrito presentado por Herrería ante el CNE.
Sobre la segunda causal, el secretario jurídico defendió que los solicitantes alegan incumplimiento de la Constitución y la ley, pero repiten exactamente los mismos argumentos utilizados para hablar del plan de Gobierno y no identifican con claridad ni una sola norma que contenga una atribución u obligación del presidente o de la vicepresidenta que haya sido incumplida.
Con estos alegatos, la Presidencia concluyó que la revocatoria de mandato no puede utilizarse como un mecanismo para someter a votación la política económica del Gobierno, pues la ley exige demostrar un incumplimiento claro, concreto y verificable del plan de Gobierno o de obligaciones constitucionales.
“Esta solicitud no identifica ninguno; únicamente expresa desacuerdos con decisiones de política pública. Por eso, jurídicamente, no cumple los requisitos para ser admitida”, sentenció la Secretaría Jurídica.
Fuente: El Universo
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