La exigencia de justicia resuena con fuerza en Israel. Para Eyal Eshel, como para centenares de familias que perdieron a sus seres queridos en los ataques del 7 de octubre de 2023, resulta insoportable que el primer ministro Benjamin Netanyahu continúe al frente del Gobierno más de tres años después, sin asumir responsabilidades por lo que consideran un fallo histórico en la seguridad nacional. La herida de Eshel es particularmente profunda: su hija, Roni Eshel de 19 años, y otras compañeras de la base de Nahal Oz, ubicada a escasos metros de Gaza, habían alertado repetidamente sobre movimientos sospechosos de Hamás antes de la masacre.
Roni estaba a punto de completar su servicio militar obligatorio —le faltaban apenas cinco meses— cuando el 7 de octubre se encontraba en la sala de mando de la base, junto a la soldado española Maya Villalobos y otra compañera. Las tres lograron alertar por radio al iniciarse el ataque, pero minutos después fueron quemadas vivas cuando los milicianos vertieron gasolina a través de los conductos del aire acondicionado y prendieron fuego al puesto. En total, 17 soldadas perdieron la vida en ese mismo lugar.
El calvario de Eyal comenzó con la incertidumbre. Durante 30 días, las autoridades le informaron que su hija podría haber sido secuestrada y llevada a Gaza. Sin embargo, él sabía que Roni estaba en su puesto cuando ocurrió el ataque, pues habían hablado por teléfono horas antes.
“La identificaron por el ADN”, relata Eshel en una entrevista con varios medios, organizada por Fuente Latina.
Alertas ignoradas y fallos de mando
La joven soldado, al igual que otras compañeras, había reportado a sus superiores la presencia de milicianos entrenando cerca de la valla, pastores que se acercaban con rebaños, agujeros cavados para ocultar armas, y drones de reconocimiento que sobrevolaban la zona tomando fotografías y videos. “Nadie las escuchó”, lamenta Eyal, quien cree que el problema no fue el género de las soldadas, sino su rango: eran soldados rasos y el “ego” de los oficiales se impuso. “Habrá un ataque”, le dijo Roni, pero él trataba de calmarla: “Yo le decía que no pasaría nada, que teníamos un Ejército fuerte”. Ahora, tres años después, nadie ha explicado por qué la base estaba a menos de 800 metros de Gaza, por qué no tenían armas suficientes, ni por qué nadie se alarmó de que el 6 de octubre fuera, según Eshel, “el día más tranquilo desde 1948”.
“El Gobierno lo sabía, también Netanyahu”
Eyal forma parte del Consejo de Octubre, una agrupación de familiares de víctimas que ha recopilado información que, según asegura, el Ejecutivo preferiría mantener oculta.
“Todo el Gobierno lo sabía, especialmente el primer ministro. Lo que sé hoy en día es que el primer ministro sabía todo muchos antes del 7 de octubre”, sostiene.
A pesar de ello, Netanyahu nunca se ha reunido con los familiares. “Todo lo que quiero es que él y su Gobierno salgan de nuestra vida y construir de nuevo Israel”, afirma Eshel, visiblemente afectado. “Algo tiene que cambiar para que los niños puedan tener una buena vida, con buenos oficiales en el Ejército y buena gente en el Gobierno”.
Las víctimas y sus familias exigen la creación de una comisión de investigación, algo que la coalición gobernante ha rechazado hasta ahora. Eyal confía en que la oposición cumpla su promesa electoral. Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Ejército y posible sucesor de Netanyahu, y otros líderes de la oposición “lo han prometido”, recalca.
“Creo en la justicia en Israel y tienen que estar en la cárcel. No quiero pensar que perdí a mi hija y ellos van a estar libres en la calle”, remacha.
Compromiso opositor y postura del Gobierno
Lianne Pollack-David, candidata del partido Yashar que lidera Eisenkot, asegura que la primera decisión de un nuevo Gobierno será establecer una comisión de investigación.
“Es una obligación moral con las comunidades, los familiares, los rehenes y la nación. Debemos aprender y entender lo que ocurrió para garantizar que no vuelva a suceder”, afirma.
En la misma línea, el exministro Eitan Ginzburg, candidato del partido Juntos (liderado por Naftali Bennett y Yair Lapid), subraya:
“Cuando se produjo el 7 de octubre todo el mundo estuvo con nosotros. Ahora, tres años después, estamos aislados y alguien tiene que asumir la responsabilidad”.
Desde el Ejecutivo, el ministro para la Diáspora y miembro del Likud, Amijai Chikli, defiende que no hay debate sobre la necesidad de investigar, pero la disputa radica en quién nombra a los miembros de la comisión. El Gobierno propone un “mecanismo paritario” con veto mutuo, rechazando que el presidente del Tribunal Supremo, Isaac Amit, a quien califican de “ultra-izquierdista”, designe a los integrantes. Por su parte, Ginzburg replica que la oposición quiere que sea el Tribunal Supremo quien decida los miembros, mientras que el Gobierno determinaría qué se va a investigar.
La opinión pública respalda mayoritariamente la investigación. Según un sondeo del Instituto para la Democracia en Israel (IDI), el 71% de los judíos israelíes considera que un nuevo Gobierno debe nombrar una comisión para esclarecer la masacre, frente al 52% de los árabe-israelíes.
Fuente: Infobae