El fallecimiento de la activista anticorrupción Monika Silva ha adquirido una nueva dimensión internacional luego de que una relatora especial de Naciones Unidas señalara que este caso podría ser un reflejo de los peligros que enfrentan los defensores de derechos humanos en Ecuador. Esta declaración se da mientras la Fiscalía ecuatoriana sigue investigando las circunstancias de la muerte de la ciudadana polaca, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su domicilio en Montañita el pasado 8 de junio, en medio de crecientes exigencias ciudadanas y de organizaciones para que el proceso se lleve a cabo con total transparencia e independencia judicial.
La relatora especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, expresó su inquietud por este suceso y subrayó que la muerte de Silva debe analizarse dentro de un contexto más amplio, vinculado a las condiciones en las que operan activistas, veedores ciudadanos y defensores de derechos en el país. En un comunicado público emitido el 22 de junio, la experta detalló que sigue de cerca el desarrollo de la pesquisa e instó a las autoridades ecuatorianas a garantizar una protección efectiva para quienes realizan labores de denuncia o vigilancia ciudadana.
Bolaños afirmó que los antecedentes conocidos hasta ahora plantean diversas interrogantes que deben ser resueltas por los organismos competentes. Asimismo, solicitó que la investigación avance de forma pronta, exhaustiva, imparcial y transparente, con el propósito de esclarecer las circunstancias del deceso y determinar las eventuales responsabilidades que correspondan.
La postura de Naciones Unidas se conoció dos semanas después de que el caso comenzara a captar la atención tanto en Ecuador como en el extranjero. Silva, de nacionalidad polaca y residente desde hace varios años en la provincia de Santa Elena, era reconocida por sus denuncias públicas acerca de presuntos actos de corrupción, conflictos territoriales y otras irregularidades que, según ella, perjudicaban a comunidades de la zona costera. Su activismo la posicionó como una figura relevante en espacios de participación ciudadana y en redes sociales, donde difundía información sobre los casos que investigaba.
Cuando fue hallada sin vida en su hogar de Montañita, las versiones preliminares de las autoridades apuntaban a la posibilidad de un suicidio. No obstante, el avance de las indagaciones y los resultados de las pruebas forenses modificaron el rumbo del caso. Informes divulgados en las semanas siguientes revelaron indicios de una muerte violenta, lo que llevó a la Fiscalía a considerar líneas de investigación distintas a las planteadas inicialmente.
Este cambio en las hipótesis provocó reacciones inmediatas de organizaciones de derechos humanos, activistas y personas cercanas a Silva, quienes exigieron que la investigación contemple tanto las circunstancias del fallecimiento como el entorno en el que ella realizaba su labor. Varias de esas agrupaciones aseguraron que la activista había manifestado su preocupación por su seguridad debido a las denuncias que efectuaba, y reclamaron que se esclarezcan las posibles amenazas o presiones que pudo haber enfrentado antes de morir.
La atención internacional hacia este caso también se intensificó con la intervención de autoridades polacas. Días después del hallazgo del cuerpo, representantes diplomáticos de Polonia se sumaron al seguimiento de las investigaciones y solicitaron información a las autoridades ecuatorianas. Posteriormente, un cónsul polaco viajó al país para supervisar el proceso y conocer de primera mano los avances del caso.
La declaración de la relatora de Naciones Unidas se sumó a otras voces de preocupación emitidas por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea han solicitado que los hechos sean esclarecidos y que se garantice una investigación independiente. Estos pedidos coinciden en la necesidad de determinar con exactitud lo ocurrido y de evitar que el caso quede en la impunidad.
En su comunicado, Bolaños también se refirió a las condiciones laborales de numerosos defensores de derechos humanos en Ecuador. La relatora indicó que existen reportes sobre situaciones de hostilidad, intimidación, vigilancia y criminalización contra personas que participan en actividades de denuncia, control ciudadano o defensa de derechos. Ante este panorama, instó al Estado a adoptar medidas que permitan asegurar un entorno seguro para el ejercicio de estas funciones.
Fuente: Infobae