Bolivia bajo la mira de la ONU por presencia de carteles transnacionales
La Organización de las Naciones Unidas emitió una alerta contundente: Bolivia se ha transformado en un centro de operaciones para carteles internacionales de droga. Según el organismo, organizaciones de México, Brasil, Perú y Colombia actúan en el país en coordinación con estructuras locales.
La representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, Mónica Mendoza, explicó en una entrevista que el país ya no es solo un productor de materia prima o una ruta de tránsito. Ahora, la actividad criminal reúne narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal bajo una dinámica coordinada.
Mendoza destacó la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México, y de las organizaciones brasileñas Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. También señaló la presencia de grupos de Perú y Colombia. En las cárceles bolivianas ya hay detenidos de esas nacionalidades vinculados con las estructuras de mando de esas redes.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (…) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, afirmó Mendoza.
La funcionaria vinculó esa presencia con el aumento de asesinatos por encargo, especialmente en zonas cercanas a la frontera con Brasil. Los ataques se repitieron en los últimos meses y obligaron al Gobierno boliviano a desplegar al Ejército y unidades de élite para reforzar la seguridad en esas áreas.
Mendoza detalló que los hechos reflejan disputas entre grupos criminales por el control territorial. “Están confrontados” y “están peleando por territorios”, dijo al referirse a las organizaciones que operan en el país.
El último informe de la Unodc sobre cultivos de coca reveló que la superficie cultivada subió un 7 %, pasando de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 hectáreas en 2025. Bolivia ocupa el tercer lugar mundial entre los productores de hoja de coca, detrás de Colombia (261.000 hectáreas en 2024) y Perú (84.546 hectáreas en 2025).
Aunque la hoja de coca mantiene usos tradicionales y ancestrales en Bolivia, Mendoza advirtió que el crecimiento de los cultivos ocurre en un escenario donde las redes transnacionales amplían sus operaciones. La funcionaria definió esta convergencia de delitos como una suerte de “holding” criminal, con actividades y recursos conectados.
Durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), las autoridades rechazaron que carteles o grandes jefes del narcotráfico operaran en territorio boliviano. En esos años, el discurso oficial situó la actividad ilegal en manos de emisarios y clanes locales.
La administración del presidente Rodrigo Paz reconoció la presencia del crimen organizado transnacional y defendió las medidas adoptadas. Entre los resultados destacó la detención, en marzo, del uruguayo Sebastián Marset, quien luego fue enviado a Estados Unidos.
Para Mendoza, el caso de Marset demostró que el narcotráfico no opera en un nivel reducido. Afirmó que la captura rompió una “narcopaz”, término con el que describió un período en que las organizaciones distribuyeron rutas, tareas y zonas de influencia sin confrontaciones visibles para la población.
La funcionaria también alertó sobre la infiltración de estas redes en instituciones judiciales. “En Suramérica existe una política de expansión e infiltración del crimen organizado”, afirmó, y agregó que esa penetración ha formado redes de corrupción destinadas a frenar las investigaciones y la persecución penal.
Sus declaraciones se produjeron tras la destitución y encarcelamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado por el Ejecutivo de proteger presuntamente al “narcoterrorismo”. Mendoza sostuvo que negar la infiltración institucional permitiría que el narcotráfico se instalara con mayor facilidad y dificultaría después la recuperación de esos organismos.
La representante de Naciones Unidas pidió una respuesta integral frente al narcotráfico, con acciones contra estructuras, finanzas y capacidad operativa de las organizaciones. También reclamó la aprobación de normas contra el lavado de dinero y de extinción de dominio, además de más sentencias judiciales en causas vinculadas con el narcotráfico.
(Con información de EFE)
Fuente: Infobae