La Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundada en 1919 a partir del Tratado de Versalles con el principio de que la paz duradera solo se edifica sobre la justicia social, vive una de las etapas más complejas de su trayectoria contemporánea.
Con 187 Estados miembros, la entidad se enfrenta a dos grandes desafíos: modernizar un esquema institucional que se ha vuelto rígido frente a las mutaciones del mercado laboral y decidir quién dirigirá su Secretaría General entre 2027 y 2032.
Un modelo centenario frente a la informalidad creciente
Creada con una gobernanza tripartita única —integrada por gobiernos, sindicatos y empleadores—, la OIT impulsó durante el siglo XX logros como la jornada de ocho horas, la Declaración de Filadelfia, convenios sobre libertad sindical e igualdad salarial, y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1969. No obstante, diversos analistas coinciden en que el incremento del trabajo informal y el desempleo ha dejado obsoleta esta arquitectura.
En varias regiones, la cantidad de trabajadores no registrados y desocupados supera ampliamente a la de empleados formales. Esta situación debería impulsar una reforma estructural que abra el tripartismo para incluir la representación del trabajo autónomo, los desocupados y el sector informal, iniciativa que se intentó en la CIT de 2022. La advertencia es clara: cuando crece la masa de trabajadores sin registro ni empleo, los salarios formales se deterioran y las presiones patronales se intensifican, lo que reduce la influencia real del organismo.
La OIT reconoce que los entornos laborales cambiantes, las nuevas modalidades de trabajo y las dinámicas sociales exponen a los trabajadores a peligros emergentes, sumados a los ya existentes, llevándolos en ocasiones a condiciones inseguras y poco saludables. Por ello, a través de la Estrategia Global en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan de Acción (2024-2030), busca establecer lineamientos para afrontar los riesgos adicionales a los tradicionales (OIT, 2023).
Estas transformaciones del mundo laboral son producto de la digitalización, la inteligencia artificial, el cambio climático, los cambios demográficos y las nuevas formas de empleo, generando riesgos que demandan respuestas regulatorias y preventivas novedosas. Se resalta la importancia de que los Estados miembros respeten y apliquen progresivamente los principios preventivos contenidos en los Convenios 155 y 187, mediante la implementación de políticas, programas y sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Estos convenios en 2022 (post pandemia) se agregaron al corpus de convenios fundamentales, que son los que todos los países tienen que rendir cuentas (memorias) sin importar si los hubieran ratificado o no.
Entre los cinco grandes grupos de peligros emergentes identificados por la OIT (OIT, 2024) se encuentran:
- Cambio climático y fenómenos ambientales extremos.
- Digitalización, inteligencia artificial y automatización.
- Riesgos psicosociales y salud mental.
- Nuevas formas de trabajo (teletrabajo, plataformas digitales, trabajo híbrido).
- Transición ecológica y tecnologías limpias.
Transición política en Ginebra
La administración actual del togolés Gilbert F. Houngbo —primer líder africano del organismo, asumió en 2022— busca la reelección para un segundo mandato. Houngbo ha centrado su gestión en la creación de la Coalición Mundial por la Justicia Social.
Las elecciones se celebrarán el 16 de noviembre de 2026, cuando el Consejo de Administración elija al nuevo Director General mediante votación secreta. Los tres candidatos oficializados son:
- Gilbert F. Houngbo (Togo): Actual Director General que aspira a revalidar su gestión.
- Yolanda Díaz Pérez (España): Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, con un perfil enfocado en la protección tradicional de derechos. De resultar electa, se convertiría en la primera mujer al frente de la OIT.
- Javier González-Olaechea Franco (Perú): Excanciller peruano.
La cuenta regresiva hacia 2027
El calendario institucional prevé un periodo de transición de casi diez meses entre la votación (noviembre de 2026) y la toma de posesión del elegido (1 de octubre de 2027).
Lejos de ser una excepción, este intervalo responde a los tiempos necesarios para el traspaso de mando, la desvinculación de los candidatos de sus altos cargos nacionales y la sincronización con el presupuesto bienal de Naciones Unidas.
El debate no se limita a quién ocupará la oficina principal en Ginebra, sino a la capacidad del ganador para devolver relevancia al organismo en un escenario geopolítico fragmentado y adecuar sus normas a un mundo laboral que ya no se parece al de 1919.
El autor es analista laboral
Fuente: Infobae