Los jueces del Tribunal Quinto de Garantías Penales y Especializado en el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Edmundo Samaniego (ponente), Sara Costales y Luis Manosalvas, reemplazarán a los integrantes del suprimido Tribunal Tercero Anticorrupción en la audiencia de juzgamiento de quienes restan por recibir una sentencia en el caso Encuentro.
El cambio de magistrados se da como uno de los coletazos de la Resolución 187-2026 adoptada por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), el 7 de septiembre pasado, y con la que se suprimen las dependencias judiciales especializadas para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, más conocidas como Unidades Anticorrupción. Con ello se modificaron las competencias en razón de la materia y territorio de las dependencias judiciales penales, con sede en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, y la Corte de Justicia de Pichincha.
En ese contexto, los jueces que integraban el Tribunal de Juzgamiento del caso Encuentro, Víctor Barahona (ponente), Kevin Cabezas y Consuelo Tapia, dejaron sin efecto las fechas señaladas para la instalación de la audiencia de los llamados a juicio Leonardo Héctor Cortázar Arcos y Karen Leonor Cornejo Ortega. Esta diligencia estaba convocada inicialmente para el 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre próximos y hoy espera que se reagende una fecha.
Barahona, Cabezas y Tapia, el 20 de noviembre de 2024, sentenciaron en primera instancia por el delito de delincuencia organizada a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Clemente Icaza Morla, exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Carrera como autor directo fue sentenciado a una pena de diez años de cárcel; mientras que Icaza, como colaborador, recibió una condena agravada de nueve años y cuatro meses de prisión.
Los que están en espera de su juicio y los ya juzgados son parte de quienes recibieron un auto de llamamiento a juicio en 2024 por el juez anticorrupción Renán Andrade. De esa lista también hicieron parte Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y los empresarios Gabriel Massuh y Ericka Farías.
Este grupo investigado, según la fiscal del caso, Luzmila Lluglla, direccionó la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado, todo con la finalidad de obtener réditos económicos. A decir de la Fiscalía esta estructura estaba liderada por Danilo Carrera y Rubén Chérres, empresario asesinado en 2023 en la provincia de Santa Elena, y, además, contó con la colaboración de funcionarios públicos y privados.
Por unanimidad, los entonces jueces anticorrupción Barahona, Cabezas y Tapia sentenciaron, a más de las penas de privación de la libertad, al pago de una multa de 40 Salarios Básicos Unificados (SBU) ($ 18.800) para Carrera; mientras que para Icaza, 20 SBU ($ 9.400). A cada uno de los condenados se les impuso el pago de una reparación integral de $ 682.188.08.
Sobre la reparación integral económica, se aclaró, se habría identificado que el perjuicio ocasionado probado en el juicio suma $ 4′ 775,316.59, los cuales fueron otorgados a una persona natural y a tres consorcios que estaban vinculados a la misma red de corrupción.
A inicios de septiembre pasado, Barahona, el presidente de la entonces Sala de Juicio, explicó que, en aplicación de lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Resolución 187-2026 el CJ, no les correspondía atender los escritos ingresados por la Procuraduría y la Fiscalía, hasta que el órgano competente emita las directrices necesarias para continuar con el procedimiento en la presente causa.
“En consecuencia, se dejan sin efecto las fechas señaladas para la instalación de la audiencia de juzgamiento de los procesados Leonardo Héctor Cortázar Arcos y Karen Leonor Cornejo Ortega, que se encontraba convocada para los días 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2026”, concluye la providencia.
Desde el 30 de septiembre la etapa de juicio está en manos, por sorteo, de los jueces Samaniego, Costales y Manosalvas. Ellos no solo deberán asumir la etapa de juzgamiento relacionada a Cortázar, un abogado guayaquileño que fue extraditado desde Panamá, llegó a Ecuador el 10 de febrero pasado y se encuentra en la Cárcel del Encuentro, y la empresaria Cornejo, que completó su periodo de gestación bajo la medida de presentación periódica, sino también del juicio que deberá instalarse contra Luque Lecaro, Massuh y Frías.
Entre tanto, Hernán Luque se mantiene en Argentina, desde 2024, con un proceso de extradición a cuestas, el cual tuvo en segunda instancia, a inicios de mayo pasado, la confirmación de la justicia argentina para que sea puesto a órdenes de sus pares de Ecuador y del procesamiento del caso Encuentro.
En cambio, Massuh en 2025 fue detenido en Colombia con el fin de ser extraditado, pero fue liberado el 9 de diciembre de ese mismo año por autoridades colombianas y mantiene condición de refugiado; y de Ericka Farías no se conoce su paradero.
Carrera e Icaza están a la espera de conocer la decisión oral a la que llegó el Tribunal de la Corte de Pichincha que conoció los argumentos de la apelación a la sentencia de primera instancia que recibieron en Encuentro. (I)
Fuente: El Universo