El capo colombiano Pablo Escobar creó el grupo conocido como Los Extraditables, una estructura que transformó el rechazo a la entrega de sus miembros en una guerra abierta contra el Estado colombiano. Décadas después, Venezuela parece enfrentarse a un escenario diferente, pero con una interrogante central: ¿hasta qué punto la justicia de Estados Unidos podrá desentrañar las complejas redes financieras tejidas alrededor del poder de Nicolás Maduro?
El caso de Álex Saab acaba de elevar la apuesta. El 15 de septiembre de 2026, este empresario se declaró culpable en territorio estadounidense por conspiración para lavado de dinero, en una trama que involucra sobornos y contratos públicos vinculados al programa de alimentos CLAP. Aceptó entregar 195 millones de dólares y colaborar con las autoridades; un hecho significativo, porque cuando alguien que conoce los detalles internos de un negocio comienza a declarar, el problema ya no es solo lo que se sabe, sino lo que aún puede probarse.
Reportajes de medios venezolanos como Armando.info, El Pitazo y Runrunes, junto con denuncias de parlamentarios de la Asamblea Nacional de 2015, ayudaron a poner bajo la lupa las irregularidades en contratos públicos y redes de intermediarios. Ahora, la cooperación judicial podría abrir nuevas líneas de investigación. Sin embargo, cooperar no implica una condena automática para terceros.
El diputado y especialista en anticorrupción Carlos Paparoni mencionó a figuras como Maikel Moreno, Samark López, Raúl Gorrín, Tareck El Aissami y Pedro Luis Martín como posibles candidatos a enfrentar la justicia estadounidense. En sus palabras:
“Ellos van a terminar en los Estados Unidos”.
¿Será así? Como solía decir el fallecido Hugo Chávez, “por ahora” no existe una lista oficial de extraditables con esos nombres; pero la posibilidad plantea una interrogante válida: si las autoridades logran reconstruir las operaciones, identificar a los participantes y seguir el rastro del dinero, ¿quiénes deberán responder ante los tribunales?
Mientras algunos nombres aparecen en las conversaciones sobre posibles procesos judiciales, el 14 de octubre Estados Unidos levantó las sanciones financieras contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta decisión implica su salida del régimen de sanciones de la OFAC.
La paradoja merece atención. Washington retira las restricciones financieras a uno de los principales operadores políticos del chavismo mientras mantiene abiertas investigaciones relacionadas con personas del antiguo círculo de Maduro. ¿Pragmatismo diplomático, nueva etapa de negociación o cambio de prioridades? La medida, por sí sola, no demuestra culpabilidad ni inocencia en ningún caso, pero evidencia que la política de sanciones y la persecución penal son instrumentos distintos.
Dicho de otro modo: salir de una lista de sanciones no equivale a recibir un certificado de buena conducta, así como aparecer mencionado en una entrevista no convierte a nadie en culpable. Para eso están las pruebas y los tribunales, no los titulares ni las conveniencias políticas.
Por otro lado, Paparoni recordó la cifra de 316.000 millones de dólares que atribuyó a declaraciones del exministro Jorge Giordani sobre recursos desviados mediante mecanismos cambiarios. Ese monto requiere verificación independiente y no puede presentarse como dinero judicialmente probado ni como una cantidad íntegramente recuperable.
Pero la pregunta de fondo sigue en pie: ¿cuánto dinero perdió Venezuela en redes de corrupción y cuánto puede recuperarse? Porque no basta con que los responsables enfrenten procesos judiciales; hay que identificar los activos, demostrar su origen ilícito y garantizar que los recursos restituidos beneficien a los venezolanos.
La comparación con los Extraditables de Escobar es una referencia histórica, no una equivalencia automática. El desenlace venezolano dependerá de las pruebas, la cooperación internacional y la independencia judicial.
Al final, la justicia no se medirá por la cantidad de nombres que aparezcan en una lista, sino por las responsabilidades que puedan demostrarse y los recursos que regresen al país, porque los venezolanos ya pagaron demasiado por una corrupción que no les pidió permiso para empobrecerlos.
Y si la reconstrucción institucional en Venezuela pretende ser algo más que un eslogan, habrá que empezar por una regla elemental: ni las conexiones políticas deben garantizar impunidad ni las negociaciones deben sustituir a la justicia.
Fuente: Infobae