La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes avocó conocimiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para Fortalecer la Educación, el Desarrollo y las Oportunidades de los Jóvenes, presentado por la asambleísta María Paula Villacreses y calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el objetivo de iniciar su tratamiento y, de ser el caso, proceder a su unificación con otras iniciativas de la misma materia.
La legisladora explicó que la iniciativa surgió a partir del caso de una joven que estudiaba medicina y consideraba abandonar su carrera debido a la falta de recursos económicos, luego de que su padre dejara de apoyarla. Ante esta situación, la reforma plantea modificar el artículo 125 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para ampliar de 18 a 24 años el derecho a recibir pensiones alimenticias, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.
El proyecto establece que las personas dentro de este rango de edad deberán demostrar que cursan estudios, que esta actividad les impide o dificulta dedicarse a una actividad productiva y que carecen de recursos propios y suficientes para su sostenimiento.
Villacreses reiteró que la reforma responde a las actuales exigencias de la educación superior y del mercado laboral, considerando que muchas carreras requieren alrededor de cinco años de formación y que contar con un título de tercer nivel constituye un factor cada vez más importante para acceder a oportunidades de empleo. En este sentido, consideró necesario adaptar la normativa a las condiciones actuales de los jóvenes y facilitar la culminación de sus procesos de formación profesional.
Asimismo, destacó que se busca contribuir a reducir la deserción universitaria asociada, entre otros factores, a dificultades económicas, familiares, personales y académicas. Advirtió que la falta de recursos puede obligar a los estudiantes a interrumpir sus carreras y truncar sus proyectos de vida. Por ello, ampliar la protección hasta los 24 años permitiría fortalecer su permanencia en el sistema de educación superior.
Finalmente, Villacreses consideró la importancia de armonizar la legislación ecuatoriana con la normativa de países de la región, como Argentina, Colombia, Chile y Perú, que contemplan periodos más amplios de protección para jóvenes que continúan sus estudios. A su criterio, la reforma podría generar impactos sociales y económicos positivos al favorecer la titulación oportuna, fortalecer la formación de capital humano calificado, ampliar las oportunidades de empleabilidad y contribuir a la productividad y al desarrollo sostenible del Ecuador.
MEV