En una jugada legal sin precedentes, el equipo jurídico del depuesto gobernante venezolano, Nicolás Maduro, presentó este miércoles ante un tribunal federal de Estados Unidos una solicitud formal para que se desestime el proceso penal en su contra. El principal argumento esgrimido por el abogado Barry Pollack es que su cliente debe ser protegido por la inmunidad soberana que le corresponde como exjefe de Estado. La petición fue formalizada mediante dos mociones separadas: una que busca el cierre total del caso y otra, como alternativa, que solicita específicamente la eliminación del cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo.
Actualmente, Maduro enfrenta acusaciones por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. El exmandatario se encuentra recluido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, desde que fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas por efectivos estadounidenses. Tras declararse inocente, la fecha tentativa para el juicio está agendada para el 1 de junio de 2027, en caso de que el proceso continúe su curso.
En el primer documento presentado, Pollack sostiene que el juez federal Alvin Hellerstein no tiene jurisdicción para enjuiciar a Maduro, ya que el dirigente debería estar amparado por la inmunidad inherente a su cargo y porque las acciones por las que se le acusa corresponderían a funciones oficiales.
“El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas”, argumentó Pollack en el texto legal.
El defensor también calificó el proceso como una violación de una garantía jurídica reconocida durante siglos. “Este procesamiento sin precedentes viola la inmunidad absoluta de jurisdicción penal a la que los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales han tenido derecho durante cientos de años”, afirmó por escrito.
Además, la defensa solicitó que la desestimación sea declarada “con perjuicio”, una condición legal que impediría que la Fiscalía pueda presentar la misma acusación en el futuro.
En una segunda moción, Pollack pidió específicamente que se retire el cargo de narcoterrorismo. Según su criterio, esta acusación no solo carece de una base jurisdiccional adecuada, sino que tampoco cumple con los requisitos establecidos por la ley estadounidense.
El escrito subraya que la acusación “pretende acusar a un ciudadano extranjero” por una “conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional”. De igual manera, sostiene que no se ha establecido la “intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses” y que la conducta atribuida a Maduro “no está dentro de la autoridad del Congreso para regular”.
Pollack también insistió en que su representado fue acusado injustamente y que Maduro “niega vehementemente” todas las imputaciones.
La solicitud de inmunidad soberana se da en un escenario político complejo, pues Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde 2019. Estados Unidos también ha cuestionado la validez de los comicios venezolanos de 2018 y 2024. Maduro, por su parte, insiste en la legitimidad de ambas votaciones y ha denunciado en repetidas ocasiones que la administración estadounidense busca sacarlo del poder para apoderarse de los recursos petroleros del país.
Para la defensa, la postura del Gobierno de EE.UU. sobre la legitimidad de Maduro es irrelevante al momento de determinar su estatus como jefe de Estado. “A diferencia de Noriega, el Poder Ejecutivo no cuestiona que el Sr. Maduro fuera jefe de Estado de Venezuela, sino que simplemente afirma que, después de 2019, no ocupó ese cargo legítimamente”, señaló Pollack en su argumentación.
Otro punto controversial que planteó la defensa es la situación generada tras la captura de Maduro. Actualmente, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, está al frente del país y ha profundizado la cooperación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Pollack calificó de “incongruente” que Estados Unidos reconozca a Rodríguez, quien fue nombrada por el propio Maduro, pero no reconozca a este último como jefe de Estado.
Los procesos penales contra jefes de Estado extranjeros en tribunales estadounidenses son poco comunes. Pollack insiste en que la inmunidad es un principio reconocido por el derecho internacional. La Fiscalía Federal de Manhattan tiene plazo hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones.
El sistema judicial ya fijó una audiencia para el 17 de noviembre, en la que se analizarán los argumentos presentados por la defensa. Esta vista se realizará varios meses antes de la fecha prevista para el juicio, en junio de 2027.
Paralelamente, la defensa de Cilia Flores, esposa de Maduro, también ha solicitado la desestimación de los cargos en su contra. Su abogado, Mark Donnely, argumenta que ella comparte la inmunidad soberana de su esposo en su calidad de primera dama de Venezuela. Para sustentar su petición, citó precedentes legales en Estados Unidos relacionados con esposas de jefes de Estado, incluyendo los casos de Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.
Fuente: Infobae