El proceso judicial por el magnicidio de Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, toma un nuevo giro en Estados Unidos. Mientras en Haití el caso experimenta un reinicio forzado por fallas procesales, en los tribunales estadounidenses se han revelado testimonios determinantes que aclaran la logística y las promesas económicas detrás del ataque.
Durante la audiencia más reciente, el exmilitar de origen colombiano Mario Antonio Palacios, quien recibió una condena de cadena perpetua en marzo de 2024, aportó datos clave. Palacios señaló directamente a James Solages como uno de los responsables de coordinar la operación. Es relevante mencionar que Solages inicialmente intentó engañar a las autoridades haitianas asegurando que se trataba de una intervención de la CIA.
Pese a que en un principio Solages alegó que solo cumplía funciones de traductor tras ser contactado por internet, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado cargos en su contra por conspirar para el secuestro o asesinato de Moïse.
Según la declaración de Palacios, el plan original no contemplaba la participación directa de los colombianos en el asesinato. La idea era capturar al presidente y dejar la ejecución en manos de una estructura delictiva local. No obstante, la falta de coordinación de esta banda obligó a un cambio de estrategia de último minuto.
“Inicialmente, el trabajo iba a ser realizado por un grupo armado en Haití, pero no respondían sus teléfonos, así que nos dieron la orden. Tuvimos que hacer el trabajo que ellos iban a hacer”, sentenció el exmilitar.
Para asegurar la participación del contingente colombiano, los organizadores utilizaron una narrativa de legitimidad. Se les comunicó que el operativo era legal, argumentando que Jovenel Moïse era un gobernante ilegítimo sobre quien pesaban acusaciones graves.
“Supuestamente, el presidente violaba niños y vendía órganos. No teníamos otra salida, aceptamos la misión; quizás fallamos por ambición, porque nos prometieron 300.000 dólares a cada uno”, confesó Palacios durante el juicio.
La justicia estadounidense también mantiene bajo la lupa a otros cuatro sospechosos, entre ellos el empresario Arcángel Pretel, residente en el país norteamericano. El objetivo de estas diligencias es precisar quién fue el autor intelectual que emitió la orden definitiva del asesinato. En este contexto, un empresario colaborador admitió el pago de 150.000 dólares en sobornos destinados a infiltrar y debilitar el anillo de seguridad del mandatario.
Situación legal y crisis en el sistema judicial de Haití
En Haití, el panorama legal es incierto. Las autoridades judiciales se vieron obligadas a anular lo actuado debido a irregularidades en la orden de aprehensión que dio pie a la movilización del comando. A casi cinco años del crimen en la residencia de Puerto Príncipe, la situación de los más de 20 colombianos capturados sigue sin una sentencia definitiva en ese país.
Las pesquisas sugieren que los implicados fueron reclutados por una firma de seguridad basada en Florida. Los detenidos sostienen que su intención era realizar un arresto basado en un documento judicial. Sin embargo, el juez Jean Roger Noelcius, cuyo nombre figura en dicha orden, admitió en Miami que no tenía la potestad para ordenar la detención de un presidente activo y que estampó su firma en el papel después de que el magnicidio ya se había perpetrado.
Mientras el juicio por conspiración avanza en suelo norteamericano, los defensores de los exmilitares en Haití denuncian condiciones precarias de reclusión y falta de asistencia diplomática. El nuevo proceso judicial en territorio haitiano contará con la comparecencia de Jorverneil Moise, hijo de la víctima, mientras se intenta esclarecer si los acusados actuaron bajo engaño sobre la legalidad de la misión encomendada.
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